A fines del año pasado se conocieron algunas encuestas en las que se apreciaba una importante tendencia descendente en la aprobación de la gestión presidencial por parte de la ciudadanía; una de ellas indicaba que el actual gobierno –que arrancó su periodo con una aprobación del 66%– ahora cuenta con un 37,60%, es decir, una caída significativa que para algunos analistas no es causa de preocupación mayor, mientras que para otros debería ser motivo suficiente para encender ciertas alarmas, especialmente si se esperan tiempos complicados en la economía nacional en este 2019.
Hay ciertos factores que podrían explicar el descenso de la aprobación de la gestión presidencial así como la caída de la credibilidad del mandatario, a lo que se debe sumar el mayoritario porcentaje de ecuatorianos que ve con poco ánimo el futuro inmediato. Sin embargo, la muestra más preocupante es la que se relaciona con la pregunta de quién es el culpable de la compleja situación económica, ante la cual un porcentaje importante de ecuatorianos considera que el actual régimen es el responsable principal de la misma, es decir que la ciudadanía considera que Lenín Moreno tiene –o empieza a tener– mayor responsabilidad que el anterior presidente por los problemas económicos, presunción que demuestra de forma paralela el poco oficio de la estrategia de comunicación oficial al sostener una verdad incuestionable, cual fue el fracaso de la gestión económica del anterior régimen y las lamentables consecuencias que debe soportar el país ante tal negligencia y despilfarro.
En otras palabras, sin perjuicio de tomar todos los correctivos de rigor para superar la crisis heredada y de asumir la responsabilidad por los cambios todavía pendientes, el actual gobierno tenía la responsabilidad de divulgar, de forma accesible para la ciudadanía, toda la información necesaria que permita revelar con datos y cifras contundentes el desacierto grosero del manejo económico del anterior gobierno en el cual se desperdició, en gran medida, la mayor bonanza fiscal de la historia nacional. Y es que el problema no fue solo la corrupción en la era de la revolución ciudadana, sino también la nefasta impericia de la conducción de la economía nacional; en esa línea, no se trata de convertir en excusa permanente los errores del pasado, pero sí permitir que el pueblo identifique al causante mayor de la actual situación económica.
Volviendo al punto de valoración de la gestión presidencial por parte de los ciudadanos, es procedente la reflexión de que si tales encuestas deberían marcar el rumbo de la gestión o ser interpretadas simplemente como un elemento más en la valoración de los hechos políticos. Es más simple de lo que parece: que el Gobierno no se convierta en un rehén de la aprobación popular pero que no la subestime, mucho menos la ignore. (O)
