Si los responsables de la fuga de Alvarado siguen actuando como aprendices de una escuela on line de detectives, se corre el riesgo de que nunca se llegue al fondo del asunto. No se trata de minimizar la importancia de impulsar una investigación seria, profesionalmente llevada y que abarque todos los aspectos, incluido el grillete y el supuesto asilo, en los que se ha centrado toda la atención hasta ahora. Pero el peor error frente a un hecho de esta naturaleza sería quedarse en lo policial, en la búsqueda de pistas, en los sesudos análisis de seguridad o en la evaluación de los grilletes (que, dicho sea de paso, antes de facilitar la fuga ya facilitaron la estafa correspondiente). Todo ello es importante, pero de nada servirá si no se lo entiende como un tema estrictamente político. El personaje central es político, los delitos los cometió en el ejercicio de un cargo político, los responsables del juicio y de la vigilancia son políticos, las causas y las consecuencias son políticas.

Es político, sobre todo, porque la fuga constituye una clarísima expresión de la situación en que quedó el país después de diez años de demolición institucional. Al contrario de lo que ocurre usualmente, en esta ocasión desinstitucionalización deja de ser una palabra abstracta y asume forma concreta. Los delitos fueron posibles porque los entes de control estaban hechos para cualquier cosa menos para controlar. Los diseñaron para engrasar y hacer funcionar eficazmente la maquinaria de corrupción. El caos existente en el sistema de justicia –provocado por la ausencia de la mano que lo controlaba– fue la causa principal de la demora en el inicio de los juicios en contra de este individuo (y en general de los que tienen sobradas razones para confiar que no serán tocados). La red tendida desde la fiscalía hasta las cortes sigue funcionando a pesar de los débiles y tímidos cambios del último año y medio. Los errores en el seguimiento del dispositivo se deben solamente en parte a la inacción de funcionarios pusilánimes y a la complicidad de unos cuantos subordinados. En lo fundamental, se derivan de una estructura corporativa que está diseñada para engordar la clientela política. En definitiva, las causas de la fuga se explican por la desinstitucionalización realizada por una modernización autoritaria, huérfana de visión estratégica. En diez años desarmaron lo poco que había, para reemplazarlo exclusivamente por las decisiones del caudillo.

No debe sorprender que nada funcione y que esta sea solamente la primera de una cascada de fugas que, con toda seguridad, vendrán de inmediato. El problema es que lo dicho acerca de la justicia, los organismos de control y los ámbitos operativos que aparecen como responsables en esta ocasión, también es válido para instancias como la Asamblea y el propio Gobierno. Su debilidad estructural va de la mano con la inexperiencia y los cálculos de cortísimo plazo de sus integrantes. La respuesta, en todos esos niveles, hasta ahora no ha ido más allá de lo detectivesco, sin asumir su condición política. (O)