Está en debate una nueva consulta popular. Posibilidad que el doctor Julio César Trujillo sugiere para blindar avances institucionales que –según él– se han logrado con las decisiones del transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Es decir, para que quienes integren el nuevo CPCCS no puedan revisar las actuaciones del actual Consejo transitorio. Él también propone suprimir dicho organismo. Lo considera innecesario, como muchos ciudadanos.

Los comentarios en su mayoría han acogido la propuesta, aunque con discrepancias respecto a la vía del trámite constitucional que permita abolir el CPCCS. Unos afirman que es suficiente el trámite de la reforma constitucional. Otros piensan que es necesaria una constituyente para aprobar tal eliminación. Y finalmente, una tercera visión, para descartar las dos discusiones anteriores plantea mantener el CPCCS, pero sin las atribuciones que han generado el gran desprestigio del organismo y que pocos se atreven a defender.

El constitucionalista Rafael Oyarte, por ejemplo, opina que las actuales atribuciones del CPCCS para designar a las más altas autoridades del Estado deben transferirse a la Asamblea Legislativa y que aquel Consejo solamente conserve el control de la corrupción, que dicho sea de paso, nunca ejercitó o no lo evidenció. Esta fórmula nos resulta muy interesante y práctica; menos traumática y evitaría bizantinas discusiones sobre la vía constitucional adecuada.

En tanto, este columnista –como muchos ciudadanos– encuentra la oportunidad en la consulta para plantear más temáticas en beneficio de la democracia y la nación toda. Que no sean solamente de políticas coyunturales, aunque en nuestro país es muy difícil distinguir algo que no lo sea y casi siempre nos resistimos a identificar lo prioritario.

En todo caso, es el momento ideal para consultar la importantísima oferta de campaña del presidente Moreno, para traer la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad con apoyo de Naciones Unidas –como en Guatemala–. Esto, dadas las evidencias de los lentísimos avances para investigar y juzgar tan graves y onerosos casos de corrupción y recuperar el dinero saqueado. El Estado carece de recursos necesarios para luchar contra la gigantesca delincuencia organizada que nos atenaza y para desmontar la infraestructura de impunidad construida en las últimas décadas, incluso con tentáculos internacionales (recientemente se conoció del enjuiciamiento penal en EE.UU. a responsables del lavado de dinero por coimas a funcionarios públicos ecuatorianos).

Otra consulta –ante la desbordada inseguridad por la incontrolable delincuencia que usa armas de fuego y la casi nula protección estatal– sería: ¿debe permitirse portar armas registradas para defensa personal, de la familia y los bienes, luego de aprobar el examen de conocimiento y entrenamiento en uso de armas, acreditación de antecedentes y psicológicos? Es que estudios académicos actualizados determinan que la proliferación de armas registradas en la ciudadanía no incide en el incremento delincuencial y en ello no influyen las condiciones socioeconómicas del lugar. Todo lo contrario, la población armada disuade a los criminales violentos, porque estos saben que sus ataques pueden ser repelidos. Las estadísticas en Latinoamérica confirman que en Uruguay y Chile, con más número de armas en poder del ciudadano que en Ecuador, existe menor índice de criminalidad. (O)