El lunes de esta semana, en Miami, el canal Telemundo transmitió un capítulo de la serie de televisión “El señor de los cielos”, donde se aludió a un expresidente de Ecuador, como “vinculado a Bélgica y socio del narcotráfico”. La Republica EC lo resumió así: “(…) La serie de televisión (…) ha incluido, en el capítulo emitido la noche de este lunes (…) una referencia a un expresidente de Ecuador, vinculado a Bélgica, y que ha llegado a un acuerdo con los grupos narcotraficantes colombianos que operan en la frontera norte, para permitir el transporte de la ‘merca’ por Ecuador para ser trasladada hasta Europa…”.

Así, con las declaraciones del presidente Lenín Moreno, vertidas en ese mismo día, se fortaleció la percepción (dentro y fuera del Ecuador) acerca de la cómoda operación en el país de la narcoguerrilla y los carteles mexicanos, por el apoyo del gobierno de Correa.

Es que Moreno, durante su estancia en Bogotá, como invitado a la posesión presidencial de Iván Duque, insinuó que Rafael Correa tuvo pactos tácitos con narcos y grupos armados de la frontera con Colombia, para facilitar el tránsito de estupefacientes (medio digital Pulzo). Aunque el pacto ya había sido advertido por Moreno en otra entrevista al canal colombiano NTN24 en abril de este año, cuando se refirió al crimen organizado y las condiciones de inseguridad en las que el gobierno anterior dejó la frontera norte.

En opinión de Moreno los indicios del indicado acuerdo son: la desactivación de radares, el desmantelamiento de “la capacidad operativa de un ejército” y la existencia de “helicópteros en mal funcionamiento”.

¡Pero prohibido olvidar los otros indicios… los de Montecristi!, cuando los asambleístas de AP y afines propusieron y aprobaron en la Constitución el concepto de la ciudadanía universal y el libre tránsito de las fronteras (pese a las advertencias del peligro de ingreso de gente no deseada). Especialmente cuando se incluyó en la Carta (art. 7:3) el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana –¡y por nacimiento!– no solamente a los nacidos dentro del territorio patrio (lo que es lógico), sino también a “…personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”. Las FARC estaban ya asentadas en tales zonas y el gobierno de Correa se negaba a calificarlos de terroristas… apenas grupos “irregulares” o “grupos subversivos”.

Suficientes motivos entonces, (además de la denunciada entrega de dinero por las FARC a la campaña de Correa en el 2006), para iniciar la inmediata investigación de la Fiscalía. La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Procuraduría General de la República de México podrían apoyar. Un exjefe de la DEA, Phil Jordan, informó a elconfidencial.com que el Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto, por ello era muy difícil arrestar a los padrinos de la droga durante ese gobierno. La relación entre el Chapo y el PRI “está documentada por la Inteligencia de los Estados Unidos”.

No solo hay que darle crédito a las declaraciones del presidente Moreno. El exagente Jordan, de la DEA, ya mencionado, las complementa: los carteles mexicanos y colombianos pagan protección a los gobiernos, y de ahí su impunidad. (O)