Mientras Julian Assange mantenga la nacionalidad ecuatoriana está protegido contra cualquier pedido de extradición por el artículo 79 de la Constitución (si se sostuviera que la Embajada en Londres es territorio ecuatoriano).

Assange es ecuatoriano desde diciembre del 2017. Se le concedió la nacionalidad mientras estaba asilado en la Embajada del Ecuador. Aunque la estrategia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue otorgarle la nacionalidad para abrirle el camino a la salida de la Embajada en Londres como miembro del cuerpo diplomático ecuatoriano con inmunidad diplomática y sin riesgo a ser arrestado, lo cual no resultó; ahora tal desafortunada iniciativa se ha convertido en una dificultad adicional o una inesperada salida de solución.

Quedan ahora solo dos opciones.

La primera sería que venga al país a cumplir la pena impuesta por los jueces del Reino Unido, lo cual está previsto en el COIP en el art. 727: “Las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional”.

No creo, sin embargo, que esa posibilidad atraiga mucho al señor Assange, ni siquiera enviándolo a la Cárcel 4 (junto con Jorge Glas), salvo que no tenga un conocimiento ni siquiera superficial del estado lamentable de nuestras cárceles y de la peligrosidad de los detenidos.

La otra alternativa es revocarle la nacionalidad que le fue concedida inobservando la Ley de Movilidad Humana, que establece que solo pueden solicitar carta de naturalización los extranjeros que hayan residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuador (las embajadas no son territorios ecuatorianos); quienes deben conocer los símbolos patrios; y hayan expuesto ante la autoridad competente los motivos por los que desean adquirir la nacionalidad ecuatoriana; y demostrado medios lícitos de vida en el país, entre otros requisitos; y, los apátridas que hayan permanecido en el país al menos dos años a partir de su reconocimiento como tales (Julian Assange no era un apátrida al momento de su solicitud de naturalización. Conservaba su nacionalidad australiana).

En todo caso, parece ser que el Gobierno estaría a punto de escoger entre tales posibilidades, o quizás alguna otra, porque el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, según la agencia Telesur, habría llamado a “una solución definitiva al caso de Julian Assange” (a quien Telesur llama “periodista australiano”). Valencia involucra en la solución, en el marco del derecho internacional, al Gobierno británico, al ecuatoriano y a los abogados de Assange.

El canciller subrogante, Andrés Terán, confirma que Ecuador y Reino Unido se encuentran en negociaciones, en un diálogo del más alto nivel, para solucionar el caso del ‘periodista’, y que “dentro de los procesos de negociación hay etapas” y que hasta ahora no es necesaria la oficiosidad del mandatario. Su intervención tendría que ser en una última etapa. Así se entiende que el presidente no ha participado en los diálogos y que el nivel de su desarrollo no ha llegado al último posible.

Observemos lo que ha significado retorcer las normas legales nacionales y despreciar las mejores relaciones internacionales, que no termina de dañar la imagen del país. (O)