Reflexiones y propuestas

Cuan terminó la diligencia de “allanamiento” al apartamento de Fernando Villavicencio, que más que eso fue un operativo de operación armada con rifles de asalto, nos sentamos en la sala y tomamos un par de tazas de café, que dada la hora y las circunstancias, buena falta nos hacía. Su relato de cómo ingresaron a la fuerza, los maniataron y empezaron a llevarse todo lo que consideraban relevante, era de terror. Imaginemos lo que significó levantarse en paños menores y encontrarse con al menos treinta miembros del GIR, todos con pasamontañas y armados hasta los dientes, mientras adentro se encontraba una familia con dos hijos menores de edad (el último de apenas un año).

Este despliegue demencial de autoritarismo fue retratado adecuadamente por Bonil en una caricatura publicada pocos días después y que le costó a él y a este Diario procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia de Información y Comunicación, siempre al mando del inefable Carlos Ochoa, que en ese momento del correísmo, insuflado de poder y de la sensación de eterna impunidad, no dudó en generar un proceso kafkiano contra el caricaturista y el periódico que terminó, como no podía ser de otra manera, con la imposición de una sanción y la orden de rectificación. Con su acostumbrada solvencia intelectual, explicaría esta decisión en virtud de la “desinformación” que la caricatura habría generado. Semejante despliegue neuronal que provocó en la opinión pública, una mezcla de asco y risa, nos mostró a las claras lo que vendría después en materia de información y comunicación por una parte, y en el caso específico de Villavicencio por otra.

El aparato de inteligencia correísta estaba preocupado por la información que podría tener Villavicencio en su poder y tenía sobradas razones para ello. Todas sus denuncias fueron siempre bien documentadas y como el tiempo nos demostró después, verdaderas. Cómo no preocuparse si sabían que estaba en marcha el atraco de la intermediación petrolera con Petrochina, que tiene su origen en la emisión del Decreto 466 el 27 de agosto de 2010, mediante el cual se autoriza la firma de créditos contra recursos petroleros. Para la fecha en que se realizó el allanamiento ya conocían la pérdida diaria que sufrían los fondos públicos ecuatorianos, al venderse nuestro crudo a valores inferiores a los de mercado. ¿Tendría Villavicencio acceso a esa información? ¿Qué guardaba en sus computadores y demás dispositivos electrónicos? Esas y muchas interrogantes más son las que carcomían el cerebro de la “inteligencia” correísta. Después de semejante acto urgente, nuestra fiscalía mantuvo abierta investigación previa por casi tres años y recién en 2016, cuando se reactivaron las denuncias de corrupción por intermediación petrolera, formularon cargos contra el “enemigo público número uno”, como se lo conocía en los corrillos de gobierno. Como no podía ser de otra manera, a la misma asistieron en calidad de denunciantes Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia en ese entonces y el ex procurador general del Estado, Diego García Carrión, quienes juntos al exfiscal Galo Chiriboga, encararon valientemente al periodista Villavicencio y el exasambleísta Cléver Jiménez. Una gesta heroica solo superada por Correa bajándose de su auto blindado y rodeado de sus guardaespaldas a enfrentar a un niño que le dio un yucazo. Es que todos eran bravos y valientes, como corresponde a un revolucionario de pura cepa.

Luego de iniciada la instrucción fiscal, vino todo lo demás y que ustedes bien conocen. Una formulación de dictamen acusatorio y el obvio llamamiento a juicio, seguido de una orden de prisión preventiva dictada por la Corte Nacional de Justicia. La huida de Villavicencio a Perú, quien sabía perfectamente que preso en una de las cárceles del correísmo, su vida e integridad personal correrían peligro. Las visitas de su esposa y familia, que viajaba junto a sus hijos en bus desde Quito hasta Lima y de vez en cuando de sus abogados, quienes sabíamos perfectamente que mientras Correa mantenga el control de la administración de justicia, jamás encontraríamos una decisión motivada en derecho.

Villavicencio en Perú se dedicó a investigar y escribir para medios de ese país, como la prestigiosa revista Caretas y fue evidente para el esquema correísta, que callarlo sería tarea imposible. Era preferible tenerle aquí y bajo control, así que se sustituyó la prisión preventiva, por la obligación de portar en el tobillo un infamante dispositivo electrónico. Convocada la audiencia de juzgamiento, fiscalía se presentó con sus mejores armas y anunció que demostraría el cometimiento del delito de “divulgación de información reservada” por parte de los procesados Villavicencio y Jiménez. Su primer testigo de cargo, el exprocurador García Carrión, dejó en claro a través de sus contradicciones, que todo fue una mentira, una patraña urdida desde el poder, con el único objetivo de callar las voces de denuncia. Fiscalía anunció que no presentaría más testigos y que se abstenía de acusar. Casi cinco años de pesadilla habían terminado, o tal vez no…

(O)

El aparato de inteligencia correísta estaba preocupado por la información que podría tener Villavicencio en su poder y tenía sobradas razones para ello. Todas sus denuncias fueron siempre bien documentadas y como el tiempo nos demostró después, verdaderas.