En circunstancias en que los derechos humanos de miles de venezolanos están vulnerados por un gobierno que además de corrupto es inepto para resolver los problemas acuciantes de las mayorías, la solidaridad debe ir más allá del repudio a la participación del dictador Nicolás Maduro en la cumbre de líderes continentales. La declaración del Grupo de Lima no es suficiente. Los líderes del mundo deben adoptar medidas concretas para el retorno de la democracia a Venezuela. Propongo que las Naciones Unidas intervengan ya. El grave padecimiento de los venezolanos no se resuelve con declaraciones medio vacías. Qué más evidencia de la gravedad que la fuga de miles por fronteras colombianas y el tránsito de muchos por nuestro territorio hacia el Perú y Chile, buscando comida, libertad y seguridad.

No es de recibo que la canciller María Fernanda Espinosa no vea (o no quiera ver) lo señalado por su colega canadiense –Chrystia Freeland– respecto de Nicolás Maduro: “Su régimen está cometiendo abusos contra los derechos humanos y rechaza permitir la ayuda humanitaria que es necesaria para el pueblo de Venezuela” haciendo notar, además, que el déspota ha demostrado un flagrante desprecio por la democracia, la piedra angular de  la Declaración  de Québec firmada por Venezuela en  el 2001.

Cada vez es más claro que el desgobierno en Venezuela ya no es solamente problema de los venezolanos.

La estratagema de Maduro de perennizarse para evitar ser juzgado por sus crímenes con su “reelección” en los próximos comicios del mes de abril no debe contar con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, como no lo tendrá seguramente de la mayoría de países de la comunidad internacional, porque se trata de un llamado a elecciones que son inconstitucionales y antidemocráticas. Basta recordar que fueron dispuestas por una cuestionada Asamblea Constituyente, que fue convocada e instalada desconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional conformada con una mayoría de la oposición, esa sí elegida por una mayoría contundente de votos, en elecciones válidas.

Aun cuando las violaciones de los derechos humanos y los crímenes graves propiciados desde el Estado venezolano contra sus ciudadanos distan en número y variedad con los que registró el régimen de Gadafi (que enfrentaba un conflicto armado interno), es necesario considerar similar intervención de Naciones Unidas, que entonces aplicó sanciones de manera eficiente. Fue cuando el amplio consenso de sus miembros configuraron un nuevo orden internacional de sanciones, sustentado en el concepto de la “responsabilidad de proteger” de carácter subsidiario que obliga a la comunidad internacional.

En Venezuela se justificaría dicha intervención internacional, aun diseñada para crímenes graves cometidos por gobiernos contra su propia población civil. ¿Pero acaso no hay similitud en los resultados de muerte y exilio, cuando se somete con el hambre y se obliga a una población a buscar comida en la basura; y por la escasez de medicinas, además de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y de las milicias civiles? Sin olvidar que el policía Óscar Pérez fue ejecutado por orden de Maduro luego de haberse rendido.

Sin duda, hay más riesgo para la vida de los venezolanos con Maduro que para Assange con Scotland Yard. La responsabilidad de proteger se inclina hacia los venezolanos. (O)