El presidente Moreno debe aceptar que Julian Assange representa una carga insostenible de daño permanente para la imagen del Ecuador y la búsqueda de inversión extranjera. El inversionista de largo plazo siempre huye de los sistemas tramposos o poco serios; solamente los audaces y dispuestos a negociar con autoridades corruptas toman el riesgo de despreciar la prudencia y navegar en aguas intranquilas. Cada desacierto oficial en el affair Assange perjudica las relaciones internacionales. Ya no más triquiñuelas e intentos de sorprender a las autoridades británicas (como incluir al australiano en la lista de nuestra misión diplomática). La contraparte británica ha sido leal y paciente.

La Cancillería debe abandonar el lado equivocado del argumento, más aún si su contraparte se posicionó en el lado correcto. Es de esperar que los británicos cuiden mejor la vida de Assange, si acaso estuviere en peligro. Además, es su responsabilidad.

Más vale una vez morado que ciento colorado, reza el dicho. Hay que considerar, en el camino de la rectificación, anular la naturalización de Assange (quien nunca ha pisado territorio ecuatoriano y nos ha considerado un país insignificante). Hay suficiente fundamento para anular su carta de naturalización, en las previsiones del art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (“…ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión…”) y estamos a tiempo para hacerlo.

Hay suficiente fundamento para anular su carta de naturalización, en las previsiones del art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Esta semana recibimos un nuevo mensaje en torno a la situación de Julian Assange, cuando el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres respondió negativamente al pedido de sus abogados para que se le levante la orden de arresto por haberse resistido a la extradición a Suecia.

Es que el sistema judicial británico –independiente como es– confirmó que hará respetar las decisiones de sus jueces y las disposiciones de la ley. Assange debe entregarse a la justicia y recibir las sanciones para quienes incumplen los términos de la libertad condicional, pues incurrió en delito según la jueza Emma Arbuthnot, “cuando salió libre bajo fianza y no se entregó (al ser requerido), sin invocar una causa razonable”. Se trata de un delito que conlleva una pena de hasta un año de prisión.

En su decisión, la magistrada con sus propias expresiones señaló que no fue persuadida por los abogados del fundador de WikiLeaks, con los argumentos de que la orden de arresto relacionada con la violación de las condiciones de libertad bajo fianza debería ser suspendida, dado que el asunto original –la investigación de violación sueca– se había cerrado.

Se trata, pues, de un pronunciamiento judicial que solo puede ser revisado por las cortes de la Corona británica y es tiempo de que nuestra Cancillería entienda que así es como funciona la justicia en ese Reino. No debemos continuar representando la imagen del perro que dirige sus ladridos a la luna. (O)