Entre las experiencias compartidas por Iván Velásquez, comisionado de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), destacó la importancia de la recuperación de los activos acumulados por las organizaciones criminales y para ello se precisa la cooperación internacional. Lo expresó esta semana en un interesante conversatorio organizado por la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Unión Europea.
Para Velásquez, cuando se habla de temas de gran corrupción, verdaderas estructuras con gran poder que se apropian de millones de dólares o que operan un comercio de millones de dólares, se debe tener la capacidad para identificar y ubicar dónde se encuentran esos dineros en otros países. Es necesario quitarles los recursos obtenidos ilícitamente a esas organizaciones delincuenciales. En Guatemala se ha hecho conciencia –la que también debemos conformar en nuestra sociedad– de que no es suficiente que el Ministerio Público demuestre la responsabilidad de los involucrados en la gran corrupción y se los lleve a prisión por el tiempo que merezcan, sino que además devuelvan todo el dinero ilícitamente apropiado e indemnicen por sus actos. Esto lo están logrando en ese país, a través de las colaboraciones eficaces. Se trata de convenios celebrados por la Fiscalía con personas involucradas en un crimen para que estas, de manera voluntaria, ayuden con sus testimonios a resolver los casos en la investigación judicial, y de acuerdo a la relevancia de la información aportada, puedan o no recibir algunos beneficios en su proceso judicial.
En Guatemala, los imputados con un ilícito pueden beneficiarse de la exclusión de la pena, dependiendo de tres condiciones de suprema importancia, y Velásquez lo explicó así: “Nosotros no estamos aceptando simples colaboraciones eficaces, como decir del arrepentido que luego regresa y dice sí, yo cometí esto y entonces les voy a decir cómo fue… me perdonaron y hasta luego, como si no hubiera pasado nada…”. El arrepentido debe purgar en prisión una cantidad de pena, devolver todo lo que se robó y adicionalmente tiene que reparar, y “con esos tres requisitos se puede llegar eventualmente en casos excepcionalísimos hasta la exclusión de pena… ¡excepcionalísimos!”.
El comisionado está convencido –y este columnista también– de que las estructuras de las organizaciones corruptas subsisten en las instituciones de un Estado aun cuando cambien los gobiernos, incluso de distinta tendencia ideológica. Por ello es necesario perseguir los bienes mal habidos “es lo único que permite que esas estructuras criminales realmente se desarticulen, y ese debe ser el propósito”. Este pensamiento lo debo conectar con otro que surgió a raíz de la preocupación que le manifestó Nelsa Curbelo, por los grandes riesgos personales y familiares que toma Velásquez en su lucha contra la corrupción, y se aprovecha este espacio para trasladarlo a todos y cada uno de los funcionarios de la Administración de Justicia, incluida la Fiscalía: “... Todos tenemos un temor… es humano sentir temor, pero si nos dejamos dominar por el temor, entonces no actuamos y si no actuamos, dejamos de tener la seriedad y responsabilidad… Es mejor retirarnos… no simular que hacemos cuando en realidad no estamos haciendo o estamos haciendo mal para tratar de protegernos”. No engañar.
Felicito la iniciativa de la Cámara de Industrias. (O)
