Más allá de que las recientes versiones de exjueces sobre presiones o influencia de autoridades sobre sus sentencias deben ser investigadas, el asunto obliga a reflexionar en la urgencia de transformar, de una vez por todas, nuestra Función Judicial en la institución confiable que debe ser.

Es evidente que esa transformación no depende, en primer lugar, de cambio de normas, procedimientos, evaluaciones y mucho menos de edificios. Depende de que tengamos jueces respetables y respetados.

Lo primero depende de ellos, de su preparación, de su honestidad, de su desempeño y actitud profesional. Lo segundo depende de todos los demás; somos los ciudadanos – las altas autoridades también lo son– los que debemos entender que los jueces, por la responsabilidad que tienen y por la importancia de su trabajo para los individuos y para la colectividad, merecen respeto, que incluye la no interferencia en algo que es de su exclusiva competencia profesional. Cuando quien irrespeta a los jueces es una autoridad, el asunto es más grave, no solo porque hacerlo puede llegar incluso al delito, sino porque por ser figuras públicas de importancia, su comportamiento genera tendencias. Por todo esto es indispensable investigar y sentar precedentes. (O)