En Ecuador la informalidad significa el 52% de la fuerza laboral, es decir, de la Población Económicamente Activa (INEC, marzo del 2015), lo que equivale a 3,7 millones de personas. Los impuestos y la rigidez contribuyen de manera importante al aumento de esta cifra; sin embargo, en lugar de reducir impuestos y flexibilizar el mercado laboral, en Ecuador se continúa aprobando leyes que dificultan la creación de empleos formales.

La justificación para introducir salvaguardias arancelarias (las salvaguardias, como todo arancel, son un nuevo impuesto con otro nombre) es que, en ausencia de moneda nacional y para proteger la producción nacional, se debe compensar la pérdida en valor de exportaciones petroleras. Sin embargo, encarecer entre 5% y 45% el arancel de 2.800 productos importados, no solo resta poder adquisitivo al consumidor sino que encarece el empleo en el largo plazo. Para ‘compensar pérdidas en valor de exportaciones petroleras’ se ha optado por perjudicar el bolsillo de los ciudadanos, lastimando también la economía en general. Es cierto que más perniciosos para la economía son los impuestos al ingreso que los impuestos al consumo, tales como las salvaguardias. Sin embargo, no dejan de afectar negativamente a la creación de empleos formales.

Este tipo de cambios fiscales logran aumentar ingresos a corto plazo para ‘compensar pérdidas en valor de exportaciones petroleras’, pero a mediano y largo plazo inhiben el empleo y, con ello, el crecimiento: aumentar los impuestos, cualquiera que estos sean, reducen las cantidades disponibles para la creación de empleos productivos y el crecimiento de la actividad económica. El impuesto implica una ‘traslación fiscal’, es decir, al aumentarle la carga impositiva a ciertos productos, este incremento se traslada a los precios y perjudica el bolsillo del consumidor. Si esto funciona, el perjudicado es el consumidor. De lo contrario, esta traslación la asume el empresario, quien reducirá su crecimiento. Cuando este crecimiento se ve afectado, a su vez se ve afectada la principal fuente de empleos formales, pues se encarece la mano de obra.

En resumen, cuando se aumentan impuestos, se incrementa el precio del trabajo en comparación al ocio y esto aumenta el desempleo, el subempleo y el empleo informal.

La otra ley aprobada que afecta al empleo es la Ley Orgánica de Justicia Laboral. Entre algunas de sus provisiones, está el del incremento de las indemnizaciones a la hora de despedir a un trabajador. Con la nueva ley, en todos los casos de terminación de la relación laboral por desahucio o por acuerdo entre empresario y trabajador, recibirán una bonificación con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada año de servicios prestados. Esta bonificación se paga aparte de la liquidación por el cierre de relaciones laborales.

Existe una relación muy estrecha entre rigidez del mercado laboral y desempleo. Por lo tanto, es cuestionable que hoy se continúen aprobando leyes que vuelvan aún más rígido el mercado del trabajo. Esto solo aumentaría la ya bastante alarmante cifra de la fuerza laboral informal, y que además sube año a año, en lugar de reducirla.

Todas las actividades laborales son loables y eso es lo que celebramos el 1 de Mayo, Día Mundial del Trabajo. Pero si queremos dinamizar nuestra economía y salir de la pobreza, es imperativo reducir la rigidez laboral y los impuestos, en especial aquellos que nos aíslan del mundo.(O)