Una semana después de los hechos violentos perpetrados en las calles y cárceles de Ecuador, incidentes que motivaron la declaratoria de conflicto armado interno a nivel nacional, el general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la jurisdicción con más asesinatos del país, hizo un balance de los resultados obtenidos tanto en los reclusorios como afuera, en el espacio público.

El jefe policial mencionó que los recintos penitenciarios se han convertido en centros de operaciones de las bandas delictivas vinculadas con el crimen organizado, veintidós de las cuales son reconocidas como grupos terroristas, según el Decreto 111, vigente desde el martes 9 de enero.

Esto porque, según él, en los centros de rehabilitación social se ha ubicado a los antisociales en función de las bandas a las que pertenecen.

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“Ecuador es el único país donde se distribuye o se clasifica a los delincuentes no por media, baja o alta peligrosidad, sino de acuerdo a qué grupo criminal pertenecen. Entonces, es lo que se dio y lo que logró es darles poder, y que verdaderamente los centros penitenciarios se conviertan en eso: en cuarteles de operaciones”, refirió el general Herrera en entrevista con Radio City.

El funcionario añadió que en el complejo carcelario de Guayaquil, conformado por cinco recintos, se ejecutó un decomiso importante de celulares y que la información de esos dispositivos está siendo explotada para evidenciar cómo se generan las extorsiones, también conocidas como ‘vacunas’, y demás delitos que se ordenan desde las cárceles.

El comandante de la Zona 8 de Policía confirmó la veracidad de videos divulgados en redes sociales en los que se ve a varios detenidos por la incursión armada en TC Televisión (9 de enero) entrar al complejo carcelario de la ciudad en medio de saludos y ovaciones de los reclusos.

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Personal de las Fuerzas Armadas y Policía en los exteriores del complejo carcelario de Guayaquil durante el fin de semana. Foto: Francisco Verni Foto: Francisco Verni

“Ahora que Fuerzas Armadas y Policía Nacional está tomando el control, nuevamente se tiene que reorganizar, reclasificar, pero, sobre todo, sostener en el tiempo este control. Es importante que esas señales de celulares sean inhibidas; que las operadoras dentro de los cercos, de los 500 metros de los centros penitenciarios, no tengan señal”, expresó Herrera.

El lunes 8 de enero, un día después de constatarse la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, de la cárcel Regional, en Guayaquil, el Gobierno nacional decretó estado de excepción por 60 días en el país, régimen que incluyó a las 36 cárceles y un toque de queda entre las 23:00 y 05:00.

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Al día siguiente, el martes 9, en TC Televisión se dio un hecho sin precedentes: la incursión armada de antisociales con los rostros cubiertos que tomaron temporalmente como rehenes a comunicadores, camarógrafos y demás personas mientras todo era transmitido en vivo. Esto llevó a radicalizar las medidas.

Y entonces el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de conflicto armado interno y dispuso a las Fuerzas Armadas neutralizar a las bandas delictivas del crimen transnacional. Para ello, mediante el Decreto 111 se reconoció como agrupaciones terroristas a 22 bandas.

Después de ese día se reportaron otros ataques violentos, carros incendiados, secuestro de policías y demás en las distintas localidades del país. En las cárceles también hubo incidentes; al menos en siete reclusorios se dieron secuestros de guías penitenciarios y personal administrativo más la fuga de varios internos.

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La noche del sábado 13, luego de varias intervenciones las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en las que mediaron incluso integrantes de la Iglesia católica, se logró la liberación de todos los rehenes de los centros de rehabilitación social: más de 200 personas.

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Muertes violentas en la Zona 8

El jefe policial indicó que durante la segunda semana de enero, cuando entró a regir el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno a nivel nacional, en Guayaquil, Durán y Samborondón las muertes violentas se redujeron de 100 a 40.

Mientras, en Guayas, provincia de la que se excluye a las tres ciudades de la Zona 8, hubo entre el 1 y 7 de enero del año en curso 18 asesinatos y un homicidio, sumando así 19 casos, ocho más que en el mismo periodo del 2023, cuando hubo once. (I)