Además de la coyuntura política, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, tiene otro frente que atender: la inseguridad. El representante del Ejecutivo en esta provincia, que sufre una ola de violencia en las calles y en las cárceles, asegura que más del 80 % de las muertes violentas están relacionadas con el narcotráfico, que debe ser visto como un enemigo común. Por eso, justifica, se ha tomado la decisión de militarizar el puerto.

Arosemena, que lleva cinco semanas en la Gobernación, habla de implementar soluciones que sobrevivan después del estado de excepción de 60 días decretado por el presidente Guillermo Lasso el 18 de octubre.

¿Por qué, si el narcotráfico es un problema nacional, las consecuencias se sufren mucho más en Guayaquil y Durán?

Lo digo en una palabra: puerto. Cuando ves el mapa del delito en Guayaquil y cada punto rojo marcado allí significa una muerte violenta, a medida que vas al sur se va poniendo más rojo ese mapa. ¿Qué está pasando allí? Allí está el puerto, por allí sale la droga, por eso hacemos la relación nexo causal. El efecto es la inseguridad, la zozobra, el crimen; la causa es el narcotráfico.

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¿Qué hay que hacer entonces para que la medida de militarizar el puerto no sea una solución parche?

Hay muchas cosas por hacer, desde el fortalecimiento de la estructura de seguridad del puerto de Guayaquil hasta el control de la vía marítima. Eso es clave, porque allí entra y sale la droga. Y sí hay otras cosas que se están haciendo que superarán la vigencia del estado de excepción, como el fortalecimiento de la seguridad carcelaria.

¿Qué se va a hacer en este tema que también es crítico y que, según expertos en seguridad, tiene relación con la violencia en las calles?

Hay una asignación de $ 85 millones para el sistema carcelario. El complejo carcelario de Guayaquil tendrá detectores de metales, por primera vez se instalará un escáner de carga, todo lo que entre en camiones, como la comida, tendrá que pasar por ese gran detector. Eso tarda meses en fabricarse y ser importado, pero el estado de excepción, con la movilización de recursos, nos permitirá tenerlo antes de que finalice el año.

Se critica que el Gobierno no tiene el verdadero control de la cárcel.

El tema carcelario es prioridad de este Gobierno. Antes de la última revuelta yo ya había ido a la cárcel, estuve allí con Fausto Cobo para darle seguimiento al tema de la infraestructura. Y aquí quiero decirle algo: antes del estado de excepción, se declaró el estado de emergencia carcelaria; días después de eso, la Corte Constitucional emitió una resolución que repliega a las Fuerzas Armadas del sistema carcelario. Ellos estaban adentro, ayudando a los guardias del SNAI, pero esa resolución los limita a los militares al perímetro externo. Yo espero que puedan revisar esa decisión; a ellos se los necesita adentro, no afuera.

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Pero otro problema es que faltan guías penitenciarios.

Sí, y se están formando, pero allí tenemos otro problema de fondo: la legislación actual los desarma, los guías penitenciarios no pueden estar armados. Controlar a los presos, desarmados, es difícil; y si resulta que los presos sí tienen armas, entonces se torna imposible. Ese es el problema estructural en cuanto a los guías, que tenemos leyes del pasado. Yo concuerdo con lo que la gente dice sobre que muestren la cara y la identificación de los detenidos, pero la ley no lo permite; yo estoy de acuerdo con que a los narcotraficantes atrapados en Ecuador se los pueda extraditar a Estados Unidos, pero todo eso depende de reformas que haga la Asamblea, no el Gobierno.

Pero el presidente, como colegislador, sí puede impulsar que se den esas reformas.

Bueno, de hecho, está trabajando en un gran proyecto de ley para fortalecer la seguridad. Pero lo que sí ha hecho de inmediato es darle el respaldo del Estado, para la defensa legal, de los servidores de la fuerza pública que actúen en cumplimiento de su deber. Si el día de mañana los enjuician injustamente, el Estado pondrá plata y abogados para su defensa legal.

¿Sienten que la situación a ratos los desborda?

A nosotros nos gusta plantear cara, es lo que está haciendo este Gobierno, estamos resolviendo problemas que crearon otros. Teníamos una base de Manta que tenía por objetivo luchar contra el narcotráfico, y Rafael Correa la eliminó para darle rienda suelta al narcotráfico. Teníamos radares en Montecristi y Santa Elena, y su Gobierno miró para otro lado, transó con las mafias y le dieron pista abierta a las narcoavionetas. Entonces, ahora viene un Gobierno que pone radares donde no había nada y tiene reacciones, porque les estamos dando donde más les duele, que es en el bolsillo.

¿Qué se espera en Guayas con este estado de excepción?

Lo que se está logrando: devolverle la seguridad a la ciudadanía. En la primera semana, del 19 al 25 de octubre se han realizado en Guayas 11.147 operativos, se ha registrado a más de 86.000 personas y más de 70.000 vehículos.

¿Y cuál ha sido el impacto?

El impacto ha sido 220 personas detenidas por delitos, 544 motos retenidas, 1.647 municiones (balas) decomisadas, más de 50 explosivos, 3 drones que se pretendían usar para ingresar por aire armamento a la Penitenciaría. Hemos desarticulado siete grandes bandas delincuenciales vinculadas al tráfico de drogas. Eso se está logrando gracias al trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas.

Hay quejas de que no se ve a los militares en las calles.

Los militares están en sitios críticos (por estrategia de seguridad no se puede revelar la ubicación), pero ¿qué se puede esperar dentro de los próximos días en este estado de excepción? Todavía mucha más fuerza y más presencia del Estado en las calles. Once mil operativos (que ya se han hecho) no se pueden esconder debajo de las piedras, pero se va a sentir mucho más. A medida que pasan los días, el trabajo se calibra mejor, incluso muchos municipios de la provincia están apoyando con un contingente logístico y de otras formas, y eso es bueno porque esta guerra contra el narcotráfico debe unirnos a todos, no solo a los Gobiernos en todos sus niveles, también a la ciudadanía.

¿Y qué puede hacer la ciudadanía?

En 30 días en la Gobernación hemos desarrollado 26 talleres ciudadanos. No es que la Gobernación recibe a la gente y le da una conferencia. La Gobernación va a un barrio, por ejemplo, hemos ido al Batallón del Suburbio, a Monte Sinaí, Bastión Popular, Cooperativa Luz del Guayas, y vamos a escuchar a la gente, porque la gestión comunitaria es clave en la seguridad.

¿Qué le dicen?

La gente dice: “Gobernador, tengo estas luminarias que no prenden hace cuatro años y eso genera zozobra e inseguridad”; entonces, en 24 o 48 horas donde antes había oscuridad ponemos la luz. Nos preocupamos de que la Empresa Eléctrica haga el cambio de luminarias. Eso lo hacemos todos los días en los barrios de Guayaquil y los demás cantones del Guayas.

Lo hemos visto subido a un ring de boxeo...

Sí (ríe), eso fue en Malvinas, me invitaron, eso es parte de los temas sociales, deportivos y culturales que debemos mirar. Desde hace muchos años tengo buena amistad con el líder de ese sector, que es Carlos Gruezo. Desde la época gremial (Arosemena fue presidente de la Cámara de Comercio) ya me había puesto a boxear con él en la calle y ahora tuvimos unos buenos topes en el ring que ahora tienen allá. Él hace un buen trabajo por sacar adelante a los chicos del sector. Cuando hoy decimos que tenemos un gran problema como el narcotráfico, el deporte es un buen camino para evitar esa espiral negativa que te lleva al consumo, es un buen camino que te lleva adonde tú quieras ir. El que hoy es consumidor, hace unos cuatro o cinco años era un muchacho que tal vez no tuvo oportunidades.

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El presidente Lasso habló de planes para rescatar a quienes ya están inmersos en el consumo. ¿Cuál es la idea?

Los planes van desde la prevención hasta la rehabilitación. El plan de seguridad Rescate Ecuador se llama así por dos pilares: el rescate de la seguridad ciudadana, con la Policía y Fuerzas Armadas haciendo operativos fijos y móviles, pero el otro pilar es la parte de la salud pública, porque el narcotráfico también nos arroja un problema en ese sentido. Guayas no solo tiene el problema del tráfico, también tiene un gran problema de consumidores. A un ladrillo de cocaína, que a nivel internacional le sacan $ 30.000, aquí le sacan más del doble (al mezclar con otras sustancias para hacer drogas como la H). Hay un mercado de microtráfico porque hay consumidores. Entonces, tenemos un problema de inseguridad, por un lado, y un gran problema de salud pública, por otra parte. (I)