Como parte de una investigación debido a un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral, infantil y de mendicidad, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron entre la tarde y noche de este jueves la operación Impacto 792 en diversos puntos de la zona de la Libertad, en el centro-sur de Quito. El proceso de indagación contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Más de 300 víctimas de trata de personas en Ecuador en 31 meses

Un total de cuatro viviendas fueron allanadas por las autoridades en el sector de La Libertad, localizado el la zona centro-sur de Quito, luego de meses de operaciones de inteligencia y el levantamiento de información sobre una organización que reclutaba a personas para explotarlas de formas distintas dentro del país. Agentes de unidades especiales como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la Dinapen y Policía Judicial apoyaron el accionar de los funcionarios de Fiscalía.

En las incursiones once niños, cinco mujeres y seis hombres, fueron rescatados y puestos inicialmente al cuidado de agentes de la Dinapen, unidad policial especializada en menores de edad, pero luego pasaron a cuidado de casa hogar y tres fueron entregados a sus padres.

También nueve personas fueron detenidas en las viviendas allanadas, las cuales fueron llevadas a rendir versión antes de que sean puestas ante las autoridades de justicia para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Cinco hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 53 años son parte de la lista de detenidos.

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Dinero en efectivo, gran cantidad de vestimenta infantil, así como también documentos y otros indicios relacionados con el caso se levantaron en los lugares en los que fueron ubicados los menores rescatados y adultos detenidos.

Según la Policía, los integrantes de esta agrupación, para asegurar el éxito en sus operaciones ilícitas, mantenían una estructura organizada con roles y funciones específicas como: captadores, personal de transportación y traslado de las víctimas para la explotación laboral, la cual tenía la finalidad de obtener réditos económicos.

El general Alain Luna, director nacional de la Policía Judicial, en rueda de prensa confirmó que cuatro meses de investigaciones y seguimientos les tomó definir que esta organización obligaba con fines de explotación laboral obligaba a menores a realizar trabajo infantil, mendicidad y hasta delitos como robo a personas.

El modus operandi descubierto, explicó el oficial, consistía en utilizar a niños, niñas y adolescentes, tanto en su vínculo familiar como social, para obligarlos a realizar ventas ambulantes, así como hurtos en locales comerciales ubicados al norte de la capital. Esta agrupación intercambiaba a los menores para obligarlos a mendigar y explotarlos durante el día o la noche.

La vulneración de derechos de estos menores de edad, a decir de la investigación realizada, habría alcanzado incluso a la agresión física y psicológica, simplemente si no alcanzaban los pequeños y adolescentes a recaudar el mínimo de $ 30 diarios que les eran exigidos.

“Al no conseguir esta cantidad los menores eran sometidos, castigados, agredidos física y psicológicamente por quienes confromaban esta organización”, explicó Luna. (I)