Los $ 9 millones que el Gobierno ha anunciado que estarán a disposición de la Policía para la seguridad en Guayaquil deberían ser invertidos en armas de largo alcance, para así equipararse con el arsenal que usa la delincuencia organizada, en equipos tácticos como drones y de defensa como vehículos, chalecos y cascos, pero con alto blindaje.

Así lo sostiene Jorge Villacreses, presidente de la Cámara de Seguridad, que aglutina a empresas privadas de custodia, quien considera que la fuerza pública debe hacer incursiones en las zonas de conflicto de la ciudad y quedarse permanentemente allí.

“No me sirve de nada entrar, por ejemplo, a la Playita del Guasmo con mil hombres y cámaras de televisión para estar un ratito allí, luego me retiro y pasado mañana están 500 personas más peleándose la venta de droga en cada esquina”, dice Villacreses, quien considera a la decisión de mandar a los militares a patrullar las calles y a sumar en los próximos días 1.100 policías a la ciudad como “una medida parche”.

Pero no basta con saber cuáles son los puntos críticos del Distrito 8 de la Policía, que comprende Guayaquil y sus vecinos Samborondón y Durán, hay que saber cómo están relacionados los actos delictivos y cómo se mueven sus intérpretes dentro de esta jurisdicción, la más violenta del país.

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Más de 20 disparos se realizaron este sábado en un restaurante del norte de Guayaquil durante un ataque al estilo sicariato.

Para eso es necesario un sistema de inteligencia centrado en el denominado Gran Guayaquil. Y esta “piedra angular” para combatir a la narcodelincuencia debe provenir de un ente de carácter político, pero dirigido por expertos en seguridad.

“Hay que generar un ministerio coordinador de seguridad, para que mañana no haya una nueva matanza en las cárceles y salga la ministra de Gobierno a decir que ella no es experta en seguridad; que no salga el ministro de Defensa a decir ‘yo no puedo entrar con los militares a las cárceles porque no es competencia nuestra’; entonces, para comenzar, hay que tener una estructura con un ministerio coordinador de seguridad y que desde allí se desplieguen todos los servicios de seguridad e inteligencia”, considera Villacreses.

Comparativo de muertes violentas. Corte del 1 al 24 de enero de 2022
<b>Subzona</b><b>Año 2021</b><b>Año 2022</b><b>Incremento</b><b>Tasa</b>
Distrito Metropolitano Guayaquil2480562,48
Los Ríos332293,39
Sucumbíos222209,14
Resto de Guayas172692,03
Esmeraldas51381,97

A la seguridad, dice el abogado Stalin Sacoto, exoficial de la Policía Nacional y alto comisionado de Relaciones Internacionales del Cedhus (Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales), hay que mirarla desde dos conceptos: seguridad dirigida y seguridad integral.

En la primera, la dirigida, hay un estamento que se encarga de generar ambientes seguros. En la integral, “todos los intervinientes dentro de un proceso tienen que coadyudar a generar ambientes seguros”. Y eso último está fallando, dice este especialista.

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“Tenemos los elementos humanos y técnicos, tenemos estudiados los riesgos reales y potenciales, que es la delincuencia en sus diversas manifestaciones, también están identificados y georreferenciados, pero en cuanto a las normas tenemos unas fallas, quienes las aplican lo hacen de manera incorrecta y eso fragmenta el sistema”.

El presidente Guillermo Lasso se reunió el domingo 23 de enero con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y otras autoridades en la Gobernación del Guayas, para abordar medidas de seguridad en la ciudad. Foto: API. Foto: API

Según Sacoto, ciertos operadores de justicia no entienden la concepción de la legítima defensa, hacen análisis extensivos de las normas y terminan vulnerando los derechos de las víctimas.

Eso aumenta la sensación de indefensión del ciudadano y de impunidad para el delincuente.

Dentro de los cambios en la legislación penal que ha ofrecido el presidente Guillermo Lasso enviar a la Asamblea, Sacoto cree que se deberían quintuplicar las penas para los mayores de edad que utilicen a menores en actos delictivos.

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Los derechos humanos tienen que ser para los derechos, para la gente de bien; los que infringen la ley tienen derecho a un debido proceso. Hay que priorizar los derechos de las víctimas.

Stalin Sacoto, Alto Comisionado de Relaciones Internacionales del Cedhus

Otro cambio legal sugiere el experto en seguridad John Garaycoa. El delincuente que use armas debe tener siempre las de perder, dice tajante.

Y lo explica: en la Ley de Armas debe quedar claro que quien se encuentre con un arma delinquiendo tiene 100 % las posibilidades de perder su vida ante un uniformado si amenaza contra su vida o la de otros.

Para este experto, “las medidas son tibias” porque no han hecho énfasis en que tiene que haber un estricto control de armas en el país. Lasso dijo el domingo lo que EL UNIVERSO publicó hace meses, las armas de grueso calibre, cada vez más sofisticadas, están entrando por la frontera con Perú. La delincuencia las tiene a su alcance, la Policía no.

En Ecuador crece el uso de armas industriales que ingresan por las fronteras para alimentar la crisis carcelaria y la delincuencia

“Ya hemos normalizado en el país que la delincuencia use fusiles, eso hay que combatir. Un retén de 30 minutos en un lugar es suficiente, luego de eso pierde el efecto sorpresa.

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En las carreteras no hay control de armas, admitió la general Tannya Varela unos días antes de que Lasso la remplazara del cargo de comandante general de la Policía.

Eso explicaría que tanto drogas como armas ya se las encuentren en las ciudades y no en las vías o las fronteras, dice Garaycoa, quien recomienda, además, “hacer un barrido completo en las cárceles y en los barrios donde se han presentado los crímenes”.

Lucha entre bandas, una muletilla

En lo que este experto no está conforme es en la justificación de las muertes violentas que han aumentado en Guayaquil y su zona de influencia: 80 en 24 días de enero, frente a 24 en el mismo periodo del año pasado.

Según Sacoto, para el Gobierno de turno es fácil decir que esta situación la heredó del anterior y que la ola de muertes violentas se genera por una guerra entre bandas, cuando lo que debe hacer es poner orden.

Ante eso hace una analogía: esto es como cuando en su casa usted tiene cuatro hijos y dos se portan mal, usted no puede decir eso es producto de que yo no los corregí a tiempo o que eso es un problema entre los dos, hay que ponerles orden, si no se lo hace, hay un problema de conducción y liderazgo.

Decir que se necesita una ley para la legítima defensa es una equivocación porque ya existe, dice el especialista en criminología, lo que se requiere es decisión de carácter ejecutivo que tiene algún costo político y quienes están dirigiendo las funciones Ejecutiva y Legislativa deben cumplir su rol y asumirlos, para eso fueron elegidos.

Sacoto recomienda que no solo el viceministro del Interior haga base en Guayaquil, como dispuso Lasso, sino también el nuevo comandante de Policía, Carlos Cabrera Ron, general con formación antiterrorista en EE. UU. Mientras, Villacreses se pregunta: si ya viene el viceministro a coordinar los mil nuevos policías, ¿qué hará el gobernador?

Garaycoa, por su parte, insiste en la urgencia de lograr más decomisos de armas porque “nueve de cada diez delitos se cometen con armas de fuego” y para controlarlas no se necesita de una nueva norma, sino aplicar la que ya existe, pero sin corrupción. Para eso existen pruebas de confianza, como el polígrafo, que así como se aplica a los aspirantes a policías se podría aplicar en otros estamentos, como la justicia.

Es que el delito genera mucho dinero y este tiene el poder de corromper a todas las estructuras estatales, coinciden los expertos en seguridad. (I)