En la comuna Juntas del Pacífico, situada en la provincia de Santa Elena, la mañana de este lunes 10 de noviembre había presencia militar en las calles y tanques de la institución haciendo base en distintos puntos estratégicos.

En esta zona, el Gobierno construyó desde junio de 2024, la cárcel de máxima seguridad, que ya acoge a 300 de los reos más peligrosos del país.

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Los traslados de los presos se realizaron desde diferentes recintos carcelarios del país.

La construcción de la cárcel ha tenido varias reacciones de los moradores, entre quienes apoyan o se oponen. Hay quienes creen que ha tenido un impacto directo en la seguridad del sector.

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Militares en la zona

La militarización implementada durante los trabajos devolvió la calma al pueblo, según varios comuneros, quienes aseguraron que la presencia constante de uniformados redujo los hechos de violencia y extorsión en la zona.

Este Diario conversó con algunos habitantes, quienes manifestaron que desde la llegada de los militares, el pueblo se volvió en un lugar más tranquilo y seguro.

“Es por ellos que esto parece que se ha tranquilizado un poco y ya no hay vacuna ni vienen a tirar bala a los locales comerciales. Estamos un poco tranquilos por esa parte. Antes habían empezado a vacunar y robar”, contó Esteban L., morador del sector.

Otro habitante, Armando T., recordó los momentos de inseguridad que vivieron antes de la llegada de los militares. “La vacuna ya estaba llegando, pero ya no hay y está tranquilo. Escuché que pedían (dinero) a las tienditas de aquí”, relató el residente de la zona.

Además, en la comuna varios habitantes encontraron una forma de ganar sustento en la construcción de la nueva cárcel. Una de ellos es Josselyn C., comerciante del sector, quien contó que durante varios meses se dedicó a entregar pan a los trabajadores de la obra.

Sin embargo, luego del atentado ocurrido en diciembre de 2024, decidió dejar esa actividad por seguridad. “Lo dejé un par de meses después del atentado, porque era un poco peligroso y yo tenía que ir a dejar el pan allá adentro. Más que todo por mis niños decidimos apartarnos y no ir más a trabajar para allá”, dijo.

Ella destacó el apoyo de las fuerzas del orden en estos últimos meses de controles.

“Hoy hemos amanecido con esta novedad de los presos que están trasladando, pero eso es lo que tiene al pueblo acelerado. De ahí, la comunidad es supertranquila porque hemos tenido el apoyo de las fuerzas militares y policías”, señaló.

Recordó que antes de la presencia militar, la extorsión era una amenaza constante. “Las vacunas dependían del negocio y a qué te dedicabas; incluso habían atentados, disparaban a los locales. Con ellos se terminó el tema de las vacunas”, dijo.

“Esto ocurrió por los inicios de este año. Siempre tenemos presencia militar y en la casa comunal ellos nunca se apartaron”, afirmó la habitante.

Juntas del Pacífico es un pequeño pueblo que pertenece a la parroquia Simón Bolívar, en la provincia de Santa Elena.

Su población es pequeña, por lo que apenas hay una unidad educativa. Además, está ubicada a unos 27 kilómetros de distancia de la carretera principal de la vía a la costa.

El acceso a la cárcel es restringido. Foto: Carlos Barros

El lunes, en la calle había un camión militar con cerca de 40 uniformados. Cinco de ellos estaban ubicados en la avenida haciendo operativos de control. Personal militar manifestó que llegarían refuerzos para continuar con los trabajos e intensificar la capacidad. A pocos metros del pueblo, el movimiento era aún más intenso.

Inconformidad por daños

Pero no todos están de acuerdo con tener una cárcel en la zona. Dirigentes alistan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al asegurar que la prisión se levanta en un territorio ancestral para ellos y que las obras están causando impactos ambientales.

Días atrás, Carola Cabrera, mujer huancavilca y habitante de la comuna Bajada de Chanduy, en la provincia costera de Santa Elena, dijo a EFE: “Hemos agotado todas las instancias acá en el país, entonces nos vamos a las instancias internacionales”, dijo la mujer.

Los habitantes aseguran que la prisión, que tratará de seguir a pequeña escala el ‘modelo’ acuñado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se levanta sobre un terreno ubicado dentro del territorio de la comuna, de acuerdo con los documentos que poseen, pero que esto ha sido desconocido por las autoridades.

Cabrera afirmó que el río Las Negras, un caudal que pasa por sus comunidades y del que recogen agua para sembrar y vivir, está siendo contaminado por aguas negras que salen de una tubería que ellos aseguran que proviene de la cárcel. “Nos están matando”, mencionó.

Controles en área

Los estrictos controles militares y la presencia permanente de uniformados evidenciaban la magnitud del operativo y la importancia del nuevo centro penitenciario que se construye en esa zona.

El acceso a la zona del recinto estaba estrictamente restringido. Solo los militares y el personal autorizado podía ingresar. A unos 15 minutos de la cárcel se instaló un punto de control armado con sacos de arena, donde dos uniformados supervisaban de manera constante el ingreso y salida de vehículos. Camionetas y tanques del Ejército eran los únicos autorizados a avanzar hasta allá.

El primer filtro de seguridad se encuentra a menos de un kilómetro de la comuna, y desde la carretera principal de la vía a la costa hasta Juntas del Pacífico se recorren al menos 27 kilómetros.

El contrato para la obra alcanza los 52 millones de dólares. El complejo cuenta con cinco pabellones de forma octogonal, seis torres de control en los límites del predio, cuatro canchas, un área de visitas y espacios para que los reclusos sostengan reuniones con sus abogados. Además, se conoce que está diseñada para 800 internos.

“Hemos tomado todas las medidas de precaución. El penal cuenta con distintos anillos de seguridad, vigilancia aérea y un espacio aéreo cerrado donde no se permiten sobrevuelos ni de helicópteros ni de avionetas ni de drones”, explicó este martes John Reimberg, ministro del Interior.

Puntualizó que es un espacio aéreo controlado, por lo que se podrían derribar drones no autorizados que intenten sobrevolar la zona de la cárcel.

La ubicación del centro penitenciario es entre la comuna Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy, permaneciendo alejada de los principales centros urbanos como Guayaquil y de los cantones turísticos de la península de Santa Elena. Todo para mantener aislada la cárcel de máxima seguridad. (I)