Llaman a juicio a tres policías en servicio pasivo y uno activo, 19 años después de la desaparición de un joven en el cantón Buena Fe

Por la desaparición de Luis Sabando Véliz, la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos dictó auto de llamamiento a juicio contra José Q., César C., Julio F., policías en servicio pasivo; y Pablo A., agente en servicio activo.

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Los cuatro hombres son procesados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada ocurrida hace 19 años en el cantón Buena Fe.

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Según datos publicados por el Comité Permanente de los Derechos Humanos, la mañana del 29 de septiembre del 2004, Luis Sabando Véliz salió de casa en una bicicleta; estando en el centro, se encontró con su amigo Lenín Cedeño, quien le pidió que lo acompañara a hacer unas compras en un vehículo.

En el camino fueron detenidos por policías por un “supuesto porte ilegal de armas, pese a que Cedeño presentó un permiso que le permitía portar una pistola que habían hallado en su poder en ese momento”, según la publicación del comité.

Sabando y Cedeño fueron llevados al Centro de Detención Provisional (CDP) de Quevedo.

Durante la noche, según las versiones de este último, él escuchó gritos desgarradores de su amigo. Poco después, el silencio se apoderó de las oficinas de la Policía Judicial, de donde los agentes lo sacaron y le dijeron que su amigo, Luis Alberto Sabando, se quedaría para “investigaciones”.

Según datos de la Fiscalía, los servidores policiales, sin la presencia de un abogado, interrogaron a la víctima. Desde ese momento, solo los procesados conocen lo ocurrido y el paradero real de él.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron, además, que todos los actos efectuados por los procesados, quienes eran agentes estatales, tuvieron como objetivo causar la desaparición del joven de 21 años y ocultar hasta la fecha lo sucedido con él.

Ante las evidencias e investigaciones realizadas, por unanimidad, la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos acogió el recurso de apelación interpuesto por la fiscal de la Dirección de Derechos Humanos, Isabel Jiménez, revocando el auto de sobreseimiento emitido por la jueza Patricia Saltos.

Esta última, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, dijo no haber encontrado elementos suficientes sobre la participación de los procesados en esa conducta penal.

Según información publicada por la Fiscalía, en la audiencia de apelación, que concluyó la tarde del jueves pasado, los jueces superiores analizaron nuevamente dichos elementos de convicción expuestos, valorándolos con un criterio contrario al de la jueza Saltos.

De esa manera se resolvió que estos sí tienen relación con la presunta conducta delictiva en la que habrían incurrido los procesados, determinando la obligación de aplicar los estándares internacionales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

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Los magistrados también determinaron una ilegalidad material en el auto de sobreseimiento de la jueza de primer nivel.

Para la Fiscalía, este caso constituye una grave violación a los derechos humanos, y el Estado debe cumplir con su obligación internacional de investigar y sancionar estas conductas. (I)