Por la incesante violencia criminal que acorrala al país y tras la repentina muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado a tiros el domingo 23 de julio, las autoridades cantonales, provinciales y de juntas parroquiales alistan propuestas con estrategias y acciones locales para que sean incorporadas en el Plan Nacional de Seguridad.

Ese fue uno de los acuerdos alcanzados en una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y más autoridades que tuvo lugar en Guayaquil a dos días del crimen de Intriago.

Otros compromisos fueron que los Gobiernos seccionales participarán en las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), una propuesta que surgió de las autoridades locales. Se suscribirán convenios con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Se eliminarán trabas para agilitar procesos de contratación pública emergentes relacionados con seguridad y también con los efectos de la posible llegada del fenómeno de El Niño.

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Y en los próximos días habrá una reunión con el Ministerio de Finanzas sobre los valores que el Ejecutivo adeuda a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, con el fin de que cuenten con recursos económicos.

Los máximos representantes de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en entrevistas con EL UNIVERSO, criticaron que Carondelet en ningún momento haya socializado al menos los lineamientos generales del plan de seguridad.

Aseguraron que desconocen qué rol tienen los Gobiernos seccionales dentro del plan y de qué manera se debe actuar en el interior de las localidades.

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A mediano y largo plazo se deben implementar reformas legales a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Cootad y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre otros, según opinaron las autoridades.

Las amenazas y atentados han sido constantes para varios funcionarios. Es así que, de los 221 alcaldes del país, 17 cuentan con resguardo policial, según datos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

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Gobiernos locales participarán en las reuniones del Cosepe para involucrarse en el Plan Nacional de Seguridad

En el caso de los Gobiernos provinciales, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) solicitó que se hagan perfiles de riesgos de los prefectos, sobre todo de once provincias que tienen mayor peligrosidad (casi todas son de la Costa, pero también hay de la Sierra y Amazonía). Actualmente, seis prefectos tienen seguridad, de los cuales cuatro cuentan con resguardo policial y dos tienen protección privada.

En las juntas parroquiales todavía no se presentan casos alarmantes contra sus representantes; por ello, de momento, no hay autoridades con resguardo, confirmó el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

Provincias

Se han identificado tres vulnerabilidades: puertos, que son usados para el tráfico de droga; zonas de frontera conflictivas; y amenazas por el desarrollo de la minería ilegal. Así lo resumió Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del Congope.

“Asumimos el compromiso de sumar a esta necesidad de restablecer el orden y la paz”, dijo Pabón, al tiempo de señalar que el país no experimenta una crisis de inseguridad, sino que “hay un Estado fallido, en donde el crimen organizado ha demostrado que tiene el control”.

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Comentó que poco pueden aportar las iniciativas de los GAD, ya sea con la entrega de patrulleros a la Policía, adecentamiento de destacamentos, instalación de cámaras o intervención en espacios públicos, si no existe una articulación, orientación y coordinación con el Gobierno central.

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“El 6 de junio de 2022 se nos convocó a todos los niveles de gobierno para conocer el plan de seguridad, pero no se presentó. Nos dijeron que, por obvias razones, el plan no podía presentarse, lo cual no tenemos mucha claridad por qué”, cuestionó Pabón.

Indicó que las prefecturas están dispuestas a suscribir los convenios que sean necesarios, siempre que contemplen los planes provinciales.

Señaló que el Gobierno central debe a las prefecturas $ 419 millones, dinero necesario para la ejecución de obras y proyectos pendientes, así como para atender urgencias imprevistas que han surgido a raíz del problema de inseguridad (y también lo que se espera con el fenómeno de El Niño). Pabón aseguró que las provincias están abiertas a discutir las cifras y llegar a convenios de pago.

El 25 de julio de 2023, en Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso dialogó con los representantes de municipios, juntas parroquiales y prefecturas sobre acciones para combatir la inseguridad. Foto: cortesía Presidencia de la República.

Cantones

“Es verdad que la política nacional de seguridad debe tener aristas o componentes con sigilo, por efectos de estrategia. Pero sí necesitamos saber qué debemos hacer los municipios en nuestros cantones para insertarnos en ese plan nacional. Y luego de aquello, hacer un análisis territorial para saber qué recursos necesitamos, no solo económicos, sino logísticos”, reflexionó Johnny Firmat, director ejecutivo de la AME.

Algo que persiguen los cantones es que las resoluciones de los consejos cantonales de seguridad ciudadana sean vinculantes para la Policía Nacional y la Función Judicial, porque las amenazas han recrudecido y han escalado a niveles que antes no se veían.

Ante la urgencia de generar acciones que den resultados a corto plazo, Firmat mencionó que a partir del Plan Nacional de Seguridad se deben “ajustar las líneas finas” de los planes territoriales, de acuerdo con un diagnóstico de cada cantón, a los perfiles de riesgo, a las mutaciones del perfil del delito y a las vibraciones del delito.

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“Cuando tu ajustas la mano en una ciudad o provincia, no es que desaparecen los criminales, los ladrones y extorsionadores, sino que migran y van a otras ciudades. Entonces, se debe tener una respuesta inmediata. Pero, para tener eso, primero tenemos que estar articulados los niveles de gobierno; por eso se pedía (al presidente Guillermo Lasso) que abran el libro del Plan Nacional de Seguridad”, dijo el director ejecutivo de la AME, quien reclamó que las cosas seguirán estancadas mientras continúe el centralismo.

Sobre las asignaciones que debe el Ministerio de Finanzas a los municipios, el vocero de la AME quedó en compartir a cuánto asciende la deuda; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se facilitaron los datos.

Parroquias rurales

Desde las juntas parroquiales se observó que se deben identificar los lugares más conflictivos del país, como aquellas parroquias que están a mar abierto, y “desde ahí planificar las tareas a implementar y distribuir los recursos de manera priorizada”, señaló Pabel Cantos, presidente del GAD parroquial de Charapotó (Manabí) y titular de Conagopare.

Cantos señaló que las parroquias cuentan con pocos recursos, limitando su capacidad para implementar proyectos de inversión pública que aporten a la seguridad u otras áreas. Además de que Finanzas les debe alrededor de $ 3 millones en asignaciones, las parroquias sufrieron un recorte presupuestario de casi $ 11 millones.

“Existen juntas parroquiales que, por ejemplo, perciben cerca de $ 90.000 y tienen un gasto corriente de casi cerca de $ 70.000; entonces, para inversión pública es muy limitado”, reprochó.

El presidente de Conagopare comentó que no serviría de nada ampliar las competencias de los GAD para el manejo de seguridad si no disponen de recursos. “Sería poner una carga que no tiene ningún beneficio”, expresó.

Cantos adelantó que en los próximos días se reunirán nuevamente los representantes de la AME, Congope y Conagopare con el ministro del Interior, Juan Zapata, para darle forma a sus iniciativas territoriales y establecer una hoja de ruta para la organización con el Gobierno central. (I)