La Fiscalía General del Estado informó que a pesar de formular cargos contra nueve personas ‒incluidos dos adolescentes‒ estos fueron liberados por una jueza.
La entidad los acusó del delito de tenencia y porte no autorizado de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ellos fueron aprehendidos con una subametralladora y una pistola en el interior de una vivienda.
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En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza no acogió el pedido de la fiscal del caso para que los mayores de edad fueran a prisión preventiva y dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Byron Y., Bryan G., Darwin Y., Tommy F., Jair M., Bryan P. y Ángel P., a pesar de que la Policía Nacional los identificó como integrantes del grupo delictivo Los Choneros.
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Incluso, uno de los detenidos, Bryan P., alias Desbaratado, es acusado por las Fuerzas Armadas de liderar actos violentos, como sicariatos, extorsión e incremento de acción criminal, en este cantón.
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Para los dos adolescentes, se solicitó internamiento preventivo; no obstante, el juez especializado que conoció el caso dictó medidas no privativas de libertad.
Los nueve procesados fueron aprehendidos el martes, 4 de febrero, durante un operativo policial ejecutado en Olmedo, Manabí. Según información de inteligencia proporcionada por las Fuerzas Armadas, un inmueble en el sector conocido como Canoa estaba siendo utilizado por un grupo delictivo organizado que tenía armas en su posesión.
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Con este antecedente, se ejecutó un allanamiento, y luego de la inspección del lugar, se encontró una subametralladora de uso exclusivo de las fuerzas del orden, una pistola y municiones. Como resultado, todas las personas en el inmueble fueron aprehendidas y puestas a órdenes de la Fiscalía para su procesamiento penal.
Además de las evidencias, se incautaron varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes. También se presentaron las versiones de los agentes que intervinieron en el proceso y el reconocimiento del lugar de los hechos como principales elementos de convicción.
La instrucción fiscal durará 30 días, dado que se trata de una presunta infracción calificada como flagrante.
El artículo 360.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de hasta 22 años a quien cometa el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.