La sentencia de tres años y cuatro meses de prisión que recibió el cabo segundo de la Policía Santiago Olmedo, por abatir a dos delincuentes durante un asalto, provocó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, rechace la condena y manifieste su respaldo al gendarme.

Frente al comentario del presidente y de la propia Policía Nacional -que también se pronunció en desacuerdo con la decisión del Tribunal-, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que sostiene que “las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley”.

La Fiscalía señaló que actúa con apego a la normativa vigente en Ecuador, sobre la base del principio de objetividad, persiguiendo delitos, no personas.

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Además, la institución indicó que la Constitución y la ley penal sancionan cualquier atentado o violación al derecho a la vida y, por ello, existe la necesidad de que se investigue, juzgue y sancione -de ser el caso- cuando se comprueba que ha existido una violación a este derecho.

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El cabo segundo de la Policía recibió la sentencia este miércoles, 19 de enero, tras ser hallado culpable por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El pasado 11 de junio de 2021, en Riobamba, Olmedo disparó contra dos delincuentes que estaban asaltando a un menor de edad.

Al respecto, la Fiscalía expuso en su comunicado que los agentes del orden son instruidos y formados en el uso progresivo de la fuerza, para garantizar su actuación conforme a la ley y tratados internacionales.

“La Fiscalía General del Estado saluda a la institución policial y reconoce su importante rol como garante de la seguridad y los derechos, así como su papel como auxiliar de las investigaciones penales. Pero también ratifica a la ciudadanía que continuará actuando en estricto apego a la ley, al principio de objetividad y de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, investigando y acusando a cualquier persona, sin importar su calidad o profesión, si llega a infringir la ley”, finaliza el comunicado. (I)