Pese a que Guayaquil forma parte de un plan de seguridad, la ola de violencia que se traduce en asesinatos al estilo sicariato va en aumento. Expertos en seguridad creen que más allá de la batalla por el territorio que libran entre sí las bandas locales ligadas a carteles mexicanos de la droga, la criminalidad incesante y el narcotráfico ascendente son también demostraciones de fuerza que apuntan contra el Estado.

¿Hay señales de una guerra no declarada? El coronel Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad y defensa, cree que sí. Pero es el narcotráfico el que amenaza al Estado y no al revés, como debería ser, o al menos no es lo que se percibe.

“Este problema tiene nombre y apellido: es el narcotráfico”, ha dicho la comandante de la Policía, Tannya Varela, sobre la fuente de la mayoría de problemas de seguridad, que también han generado víctimas colaterales en tiroteos, como Rosa Antonia Vélez, de 75 años, quien murió este fin de semana baleada dentro de su casa, en el sector La Ladrillera, en el norte de Guayaquil, cuando antisociales disparaban contra su nieto (que resultó herido) y dos de sus amigos (uno falleció).

La abuela forma parte de un listado de ocho sicariatos en un fin de semana. En lo que va del año ya son más de 450 las víctimas del sicariato en el Distrito 8 de la Policía, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

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Una adulta mayor fue asesinada por sicarios en La Ladrillera, sus hijas (en la foto) acudieron a la morgue para retirar su cuerpo. Foto: Carolina Pimentel

Pero más que señales existen hechos que evidencian esa “guerra fría” generada a partir de las acciones del Estado -aunque todavía faltan muchas cosas por hacer- para combatir a las mafias y las respuestas de estas.

22 de julio de 2021. El presidente Guillermo Lasso lanzó una advertencia en medio de la crisis carcelaria que un día antes había provocado la muerte de 22 presos en los reclusorios de Guayas y Cotopaxi: “A las mafias que pretenden amedrentar a este país: se equivocan. Se equivocan si creen que este Gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de derecho y garantizar la paz y los derechos humanos”.

13 de septiembre de 2021. La cárcel regional de Guayas, donde se encuentran los líderes de esas “mafias” a las que el mandatario retó, sufre un ataque con tres drones. No hubo muertos, pero sí daños en los techos.

En medio de esas fechas, la Policía logró en Guayaquil la mayor incautación de droga en un solo lugar y las Fuerzas Armadas comenzaban los trabajos para instalar dos radares en Manabí, provincia donde existen al menos 40 zonas cuyas características hacen presumir que han sido usadas para el aterrizaje y despeje de narcoavionetas.

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Pazmiño dice que con la incautación de 9 toneladas de cocaína, el pasado 13 de agosto, en una embotelladora de agua en Los Vergeles, norte de Guayaquil, la Policía le hizo perder un negocio de casi medio millón de dólares a los narcotraficantes. En ese mismo sitio se hallaron armas “con poder para destruir un camión blindado”, según dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

Eso no se iba a quedar así, era previsible una respuesta de los narcos, asegura el experto. Él no cree en la hipótesis de la Policía de que el ataque con drones se trató de una banda queriendo eliminar a los cabecillas de otra organización criminal. “Eso fue una advertencia al Estado, de parte de algún cartel internacional de la droga que le dice (al presidente), no estamos pidiendo permiso, te guste o no, estamos aquí y no nos vamos a ir”.

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Los motines en las cárceles, según Lasso, eran reacciones a la implementación de radares en Manabí por parte de organizaciones delictivas “que creyeron que el Ecuador era un territorio libre para delitos transnacionales como el narcotráfico y la trata de personas”.

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La advertencia

Pero Pazmiño ve algo más peligroso que los motines; el ataque con drones, afirma, tiene un simbolismo. “Las organizaciones transnacionales del crimen organizado le están diciendo al Estado: señores, tenemos la capacidad tecnológica, operativa, los recursos económicos y el personal para afectar no solo un techo de un centro carcelario, sino también para hacerlo sobre cualquier estructura estratégica nacional: refinerías, oleoductos, hidroeléctricas, represas, puertos”.

El Estado no tiene actualmente la capacidad para confrontar este tipo de amenazas, no tiene inhibidores ni poder de destrucción de drones. Lo reconoció Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), tras los ataques del pasado 13 de agosto: “La única forma es (usar) tecnología antidrones, que es muy cara y que, además, no se puede adquirir e instalar de la noche a la mañana”.

Hace tres meses también hubo una explosión de un dron sobre la cárcel Regional de Guayaquil que no se conoció de inmediato. ► http://ow.ly/ed4D50G9jGH

Posted by El Universo on Monday, September 13, 2021

Por eso el Gobierno debe conformar un sistema de inteligencia, para estar al tanto y anticiparse a las amenazas; y además debe conformar una fuerza de tarea conjunta para hacerle frente a estas amenazas, sugiere Pazmiño. “El crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común han puesto al Estado y a su población en un proceso de indefensión total”.

Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada, señala la diferencia entre la delincuencia común, “que está relacionada con factores socioeconómicos, como falta de empleo y desigualdad social”, y el crimen organizado, como el narcotráfico, “que se ha fortalecido y expandido, con el pasar de los años, ante la falta de una política de seguridad contundente en territorio”.

Los enfrentamientos entre bandas y de estas con el Estado, “son el resultado de un mayor tránsito de droga colombiana por Ecuador, la participación de organizaciones mexicanas que contratan a organizaciones ecuatorianas para vigilar los cargamentos y, fundamentalmente, la emisión de pagos con droga a estas organizaciones que obliga a venderla en el mercado local”, detalla el investigador.

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Contrarrestando el narcotráfico, se reducirían delitos conexos como el sicariato o el lavado de activos. ¿Pero cómo hacerlo? La Policía se ha propuesto “identificar a las cabezas y a toda la estructura de las organizaciones, con la ayuda de las diferentes unidades especializadas”, dice un oficial que por seguridad no revela su nombre.

Eso apunta a resolver una interrogante que se viene planteando desde hace un par de años Ricardo Camacho, analista en seguridad que conoce de cerca los problemas del sistema penitenciario: ¿quién es el mayor capo en Ecuador? Es que si no se identifica a los mayores facilitadores del narcotráfico en el país ¿cómo se los podría detener?

Entre las acciones que al Estado le queda por hacer, dice Pazmiño, está la creación de una legislación que complemente a los radares que se están instalando para tratar de cercar al narcotráfico. “Es bueno que el Estado ponga radares donde antes no había, pero lo que todavía falta, a nivel del presidente o de la propia Asamblea, es crear una ley de interdicción que le permita a la Fuerza Aérea derribar naves que ingresen de forma ilegal”.

Eso y una tecnología antidrones persuadiría a los antisociales y se podría evitar lo que ocurre en México y Colombia, dice Pazmiño, donde el narco comete actos terroristas al atacar infraestructuras estratégicas del Estado.

“El ataque con drones a la cárcel tiene que ser considerado un ataque terrorista”. (I)