Las muertes violentas se cuentan en más de 400 en la Zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón, en lo que va del 2021. Muchos de esos hechos violentos han quedado registrados en videos de cámaras de seguridad, como el asesinato de un hombre ocurrido en la cooperativa La Cristal, en el Guasmo, sur de Guayaquil.

En ese caso, ocurrido el 20 de agosto, agentes de Criminalística hallaron veinticinco indicios balísticos. En el video se ve cómo dos hombres en moto interceptan a la víctima. Uno de esos sujetos le dispara a quemarropa y se baja de la moto para seguirla y rematarla. De pronto, aparece un carro del que salen dos individuos que le disparan en la cabeza.

De esta manera opera el brazo armado del crimen organizado, vinculado en su mayoría al narcotráfico, según las autoridades del Gobierno, que activaron un plan para reducir los niveles de inseguridad, sobre todo en Guayas, y que tienen previsto que dure hasta diciembre. Policías y militares ejecutan controles en más de diez zonas conflictivas de la urbe porteña.

En muchos de los casos, las muertes son producto de disputa de territorio por la venta de droga, por envíos de alcaloides frustrados, filtración de información o por negarse a participar en la estructura criminal. Tres días después del asesinato del hombre en la cooperativa La Cristal, sicarios mataron a un extrabajador del puerto de Guayaquil que circulaba en su moto por la avenida 25 de Julio. Su esposa dijo que él renunció a su puesto de operador de carga luego de negarse a ofrecimientos para que ingresara droga a la terminal.

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¿Cómo operan estas estructuras criminales en Guayaquil?

Los miembros visibles de estas organizaciones, que se dedican en su mayoría al narcotráfico, lavado de activos, extorsión, estafa o robo de vehículos, según la Fiscalía, son aquellos que participan en tareas operativas o de acciones violentas en las calles de la ciudad. Pueden ser bandas de sicarios que contactan las grandes estructuras del crimen o un apéndice propio de la estructura, refieren expertos en seguridad ciudadana.

“Las organizaciones criminales tienen tareas distintas, hay una desagregación o hay una especialización de tareas de las organizaciones criminales”, indica Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada en una entrevista para el reportaje “Los ‘hoyos negros’ de inseguridad que surgieron en el país ante la falta de políticas públicas en zonas vulnerables y la filtración del narcotráfico”.

¿Callejón sin salida?

Un sector de la zona conocida como Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Foto: Cortesía Municipio

Las personas que están en los niveles inferiores y medios del crimen organizado hacen base en zonas populares de la ciudad, como en el Guasmo, Isla Trinitaria, Monte Sinaí, donde son reclutadas y ejercen actividades relacionadas con la venta de droga al menudeo, vigías para alertar de la presencia policial, entre otros oficios. Sus vecinos saben que en las casas de esas personas se venden dosis de alcaloides, pero evitan las denuncias por posibles represalias.

Eso dificulta la lucha contra esta problemática, según las autoridades y expertos. “Si hablamos de una sociedad sin acceso a empleo, de qué forma eso puede incidir en que alguien que no ha tenido la oportunidad de acceder a una fuente de trabajo formal, y resulta que en el informal tampoco le ha sido posible, lamentablemente no tiene cómo llegar a alimentar a su familia o cubrir sus necesidades personales. Definitivamente genera un riesgo de que esta persona pueda adentrarse en temas de delincuencia y demás”, refiere Gonzalo Albán, coordinador del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec.

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En esa dinámica de reclutamiento de miembros, el fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Ramiro Arboleda, menciona las dádivas que hace el crimen organizado para conseguir sus objetivos.

“En el sector de la cuarentena (zona de manglares en el sur de Guayaquil, cercana a puertos) había unas casas construidas por la delincuencia organizada, entregadas de forma gratuita a personas que les ayudaban, pues, a contaminar los buques que salían para otros países. Esas casas fueron destruidas. Eso sucede porque el Estado se encuentra ausente, no rescata a esos chicos”, lamenta el fiscal Arboleda.

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En ese sentido, Albán considera que los planes gubernamentales para combatir la problemática de inseguridad ciudadana deben contemplar el componente de desarrollo social, educativo y productivo, sobre todo, en zonas deprimidas. De no hacerlo, la espiral de violencia y detenciones continuará.

En 2019, 2.697 personas fueron detenidas por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en Guayaquil; en 2020, año pandémico en el que la situación económica se complicó y el desempleo aumentó, las detenciones escalaron a 3.128; y de enero a agosto pasados, las aprehensiones se contabilizan en 2.741, según los registros del Ministerio de Gobierno.

Vida de camaleón

Mientras los peones copan las cárceles de por sí atestadas, las piezas de mayor rango —aprovechando sus altos ingresos de actividades ilícitas— se mimetizan donde habita la población que cuenta con ingresos promedio o por sobre el promedio, es decir, en ciudadelas, urbanizaciones, edificios de la ciudad o de los cantones cercanos.

“Como su nombre lo dice, la delincuencia organizada trabaja de forma organizada, partiendo de donde viven las cabezas. Estos tipos, como son de alto nivel, tienen una posición económica muy buena. El modus operandi de estas personas para inmiscuirse en el entorno de personas sanas: buscan casas en ciudadelas, departamentos en edificios, donde exista bastante afluencia de personas y el acceso a la Policía sea difícil”, detalla el mayor Édison Núñez, a cargo de la Subdirección de Investigaciones de Delitos Contra el Derecho a la Propiedad (Sidprobac), en la Zona 8.

Ese acceso limitado a los conjuntos residenciales dificulta las labores de seguimiento que realiza la Policía, comenta Núñez. No obstante, hay otro tipo de técnicas, dice, que se usan para identificar a los miembros de las estructuras criminales, que por cuestiones de seguridad prefiere no detallar.

Imagen referencial de balneario ecuatoriano.

En otros casos, añade Rivera —el experto en seguridad—, las cabezas delictivas operan remotamente desde otras provincias, que se podrían considerar santuarios de paz por su baja incidencia delincuencial.

“Si tú tienes una especie de pacto y tú cooperas con otras organizaciones importantes, en ese momento tampoco te conviene luchar por territorio, porque todos estamos sacando una parte. Tienes zonas muy seguras. Hay ciudades donde tú conversas con la gente y te dice que ha habido mucho lavado de dinero”, refiere el investigador.

Una situación similar, pero a gran escala, ocurrió en la historia más reciente del país, agrega Rivera.

“Ecuador no era un país productor de cocaína y tampoco era un país con un alto índice criminal, con altas tasas de homicidio en comparación con Perú y Colombia. ¿Qué es lo que pasó durante el 2008 y el 2018? El Ecuador empieza a registrar una disminución importante desde el 2012 en su tasa de homicidios. Decían (que) Ecuador pasó de una tasa media, media alta, a ser uno con menos casos de homicidios. En Ecuador lo que pasaba es lo que se mencionaba, que eran las naciones unidas del narcotráfico o las naciones unidas de las economías ilícitas. Al ser Ecuador un país dolarizado, se convirtió en un país de acopio (de droga) y de transacciones ilegales”, analiza el experto en seguridad y crimen organizado.

Más manos y especialización

El fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Ramiro Arboleda, comenta que hace falta personal y aumentar la capacitación para combatir de forma más efectiva al crimen organizado.

En la actualidad, la espiral de violencia genera una carga laboral descomunal para los agentes fiscales y el resto de personas que intervienen en las pericias y diligencias. El trabajo se desborda.

Sicarios dispararon en contra de policías que patrullaban sector de la Isla Trinitaria, hace dos semanas. Los delincuentes intentaron matar a un sujeto cuando apareció la patrulla. Foto: Cortesía

“Tú estás investigando delitos de drogas y dentro de tu investigación existe una mezcla de delitos (...). (En las escuchas telefónicas) hay muchas ocasiones que uno puede escuchar que están planificando atentar contra la vida de personas y, pues, uno como fiscal tiene la obligación de evitar las muertes, así no sea tu investigación, así tú no estés investigando asesinatos, pues tú tienes la obligación de evitar esas muertes violentas”, cuenta el fiscal.

Pese a las dificultades y riesgos que para muchos fiscales han significado amenazas de muerte, la Fiscalía ha logrado identificar a personas que estarían involucradas en actividades narcodelictivas, que posteriormente son detenidas y procesadas. El fiscal Arboleda, sin embargo, lamenta que los aprehendidos prefieren asumir la culpa en su totalidad antes que delatar a las cabezas de la organización. Eso trunca la línea investigativa y, por ende, la erradicación efectiva del problema.

“Los que más se arriesgan son las personas que son captadas en vigilancia de seguimiento, son las personas que son ocupadas para las labores cotidianas: recopilar la droga, entregar la droga, ver el dinero, trasladar en vehículos; son las personas que se encargan de esos asuntos. No realmente quién la adquirió, quién la pagó, cómo la compraron, dónde la están haciendo. Entonces, tenemos dificultad para llegar al más alto nivel”, explica el agente investigador.

También hay casos en que la línea de investigación se transforma en un aparente callejón sin salida cuando las empresas usadas para exportar mercancía contaminada con droga, por ejemplo, son fantasmas, es decir, registran personas que desconocen de su participación accionaria o de representación en esas firmas, ya sea porque prestaron sus nombres para otros fines o porque se usó su identidad sin su consentimiento. (I)