La situación sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, también genera preocupación en dependencias judiciales donde acuden las personas privados de la libertad (PPL).
En dependencias de Fiscalía, tanto del edificio de la Merced como del predio de Montecristi, se conoció que se dispuso internamente el uso de mascarillas por parte del personal que labora en esos espacios, en base a versiones de personal de la entidad.
Esa medida se toma de manera preventiva para mantener los cuidados sanitarios del personal de Fiscalía, ya que los privados de la libertad y también quienes ya han salido de prisión deben realizar presentaciones periódicas en las dependencias de la entidad.
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En otras dependencias del Consejo de la Judicatura, abogados han mencionado que también se opta por usar las mascarillas como medida preventiva ante los casos de privados de la libertad que acuden a las sedes y el temor a que pueda darse algún tipo de contagio de alguna enfermedad respiratoria.
En paralelo, algunos usuarios y abogados han optado por el uso del elemento de protección.
En días pasados trascendió que una servidora del ámbito forense de la Policía habría resultado contagiado con tuberculosis.
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Denuncias y medidas de la CIDH
En meses recientes, organizaciones sociales y familiares de reos han denunciado problemas de salud, sobre todo de tuberculosis y de provisión de alimentos entre los privados de la libertad.
Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a personas que se encuentran en el Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, tras considerar que están en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
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La decisión del organismo, integrado por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, surge después de que familiares de reos alertaran sobre muertes ligadas a la tuberculosis y condiciones insalubres.
A este organismo llegó la queja de que las personas privadas de libertad estarían expuestas a condiciones incompatibles con los estándares internacionales, caracterizadas por hacinamiento, deficiencias estructurales, acceso insuficiente a atención médica, propagación de enfermedades infectocontagiosas, particularmente la tuberculosis, desnutrición y limitaciones en el acceso a agua potable y alimentación adecuada.
En octubre anterior trascendió que un total de 1.131 casos estaban en tratamiento en cárceles del país. De esos, en un informe del sistema carcelario, difundido por Ecuavisa, en cárceles fallecieron 760 reos de enero a septiembre: 358 por causas naturales asociadas a tuberculosis y desnutrición, 297 sin causa determinada y 105 de forma violenta. (I)
