Establecer una cifra real de cuántas personas privadas de la libertad (PPL) hay en los centros de rehabilitación depende de las entidades que analizan el tema y de la fecha en la que lo hagan, pero hay coincidencia en que existe un problema de hacinamiento.

Los datos disponibles indican que hay unos 36.599 reos en 36 centros de detención en Ecuador, pero la capacidad sería de 30.169.

De los más de 36.000 detenidos, 34.207 (93,46 %) correspondían a hombres y 2.392 (6,54 %) a mujeres, según un informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en febrero del 2022, tomando como referencia datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que es la entidad que administra el sistema penitenciario en Ecuador.

Los centros de privación de la libertad están ubicados a lo largo del país, en nueve zonas geográficas.

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Los 36 centros de detención están distribuidos en “centros de privación de la libertad” (CPL), “centros de privación provisional de libertad” (CPPL) o “centros de rehabilitación social” (CRS).

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Un informe sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para la crisis carcelaria que fue elaborado por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional estableció que entre 2014 y 2017 hubo un incremento de la población carcelaria de 25.531 a 35.669.

Esto, según la comparecencia que ante el pleno de la Asamblea Nacional hizo la exministra de Gobierno, Alexandra Vela.

Ese organismo internacional determinó que el nivel de sobrepoblación penitenciaria equivale al 21,31 %.

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Las cifras, sin embargo, siguen variando. Al 28 de enero de 2022, según el SNAI, había 34.821 PPL, pero la capacidad era de 30.169.

Esa cifra constaba en los argumentos del Decreto Ejecutivo 355 de febrero del 2022, para que el régimen aplique una política de indultos como una alternativa para reducir o eliminar la sobresaturación penitenciaria.

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Para la CIDH existían cuatro centros de detención que reportaban elevadas tasas de hacinamiento que superaban el 95 %: Masculino Los Ríos n.° 1 , CPL Guayas n.° 5, CPL El Oro n.° 1, y CPL Santo Domingo n.° 1.

En esta última ciudad se produjo un nuevo hecho de sangre, el pasado lunes, 9 de mayo, con al menos 44 reos asesinados en un amotinamiento.

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Pablo Ramírez, director del SNAI, indicó que hay un desmedido ingreso de personas a los centros carcelarios y más del 60 % que son procesados, es decir, que aún no tienen sentencia, en tanto que en los centros de detención provisional hay individuos que sus sentencias no están en revisión aún.

“Tenemos un hacinamiento, pero si tuviésemos otros centros vacíos donde podemos hacer una redistribución...”, dijo Ramírez esta semana.

Con el decreto 355, el funcionario mencionó que 600 personas han dejado las prisiones de un total de 1.800 y 5.000 saldrían de los centros, hasta finales de año, para que ya no exista hacinamiento.

En un reporte consolidado a abril pasado, había un total de 34.391 presos, 32.198 hombres y 2.193 mujeres. La capacidad era de 30.169. El promedio anual de hacinamiento era del 14 %, de acuerdo con el SNAI.

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Un censo penitenciario en marcha permitiría conocer más detalles de la población carcelaria y clasificar a los reos por el tipo de delito, tiempo de condena, enfermedades y demás.

El Gobierno encaminó una propuesta de indultos para tratar de reducir el hacinamiento. Para acceder al indulto, los detenidos deben cumplir los siguientes requisitos: sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa, abuso de confianza; haber cumplido al menos el 40 % de la pena privativa de la libertad en el caso de sentenciados con el Código Penal y Código de Procedimiento Penal y haber cumplido al menos el 60 % cuando se trate de sentenciados con el Código Orgánico Integral Penal; que no mantenga otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes; que no tenga un proceso penal en investigación previa en su contra; y que no haya sido sancionada la persona privada de la libertad disciplinariamente desde su ingreso al centro de privación de libertad.

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Para Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la política de indultos es correcta pero eso no resolverá el problema sino que se debería plantear una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que siga esa línea.

Con eso, la gente no llegaría a las cárceles sino que cumpliría penas con trabajo comunitario, con multas, reflexionó.

“Con la declaratoria de emergencia en las tres provincias ya se han logrado capturar cerca de 2.000 personas, todo lo que hizo el Gobierno se está viniendo abajo”, mencionó.

Sobre el hacinamiento plantea dos medidas: construir más centros de privación de la libertad y reformar el COIP, que -agregó- ha causado una triplicación de las personas privadas de la libertad.

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Ricardo Camacho, analista de temas de seguridad y exsubsecretario de rehabilitación social, considera que no es posible hacer nuevas construcciones por la escasez de dinero.

El exfuncionario se mostró de acuerdo con el decreto presidencial para aplicar indultos.

Sería más rápido, agregó Carrión, la construcción de cárceles que tendrían un tiempo de entre dos a tres años para edificarse porque la Asamblea tiene otras prioridades y prácticamente está paralizada.

Camacho recordó que cuando ejerció el cargo, en un centro de detención provisional de Quito, estaban juntas personas que no habían pagado la pensión alimenticia de sus hijos con otras que habían cometido delitos. Los primeros fueron llevados a otros lugares.

Para Camacho, el SNAI debe ser fortalecido para que haya unos 7.000 guías penitenciarios acogiendo normas internacionales o al menos unos 3.500, tecnología de punta para que haya inhibidores de señal de teléfono, videos de vigilancia, candados electrónicos, clasificación de presos, inteligencia penitenciaria.

Carrión considera que el Gobierno no ha logrado el control de las cárceles porque quienes la manejan son las estructuras criminales. (I)