Un juez dictó prisión preventiva para 10 de 17 personas que fueron aprehendidas la madrugada del 9 de noviembre por presunta falsificación y comercialización de medicamentos oncológicos.
Estas personas fueron detenidas en 18 allanamientos. A estos individuos se les formularon cargos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de falsificar y comercializar medicamentos.
Publicidad
El juez que lleva este proceso dictó prisión preventiva contra Rómulo William Ch. F., Blanca España N. C., Johnny Kevin Ch. T., Johan Eduardo V. N., Ken Roger Ch. A., Miguel Eduardo V. T., Mauricio Omar V. T., Carlos Ramón Ch. F., Víctor Hugo T. S. y Jorge Ricardo S. U.
En tanto que para Cristina Viviana Ch. T., Ever Jhonsy C. S., Marián Elizabeth V. N., Luis Alberto A. J. y José Joaquín G. V. dictó presentación periódica ante el fiscal que lleva la causa y prohibición de salida del país.
Publicidad
A César Jerónimo M. C. y César Stalin M. D. –por padecer enfermedades catastróficas– les dictó medida de arresto domiciliario.
La Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada inició –el 2 de diciembre de 2022– una investigación previa contra esta presunta organización delictiva dedicada a la producción, distribución y comercialización de medicamentos falsificados en Guayaquil.
Con la información preliminar de los contactos de las personas que venderían estos medicamentos, la Fiscalía solicitó el seguimiento y vigilancia a los investigados y la interceptación de llamadas de sus celulares.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal presentó los informes investigativos y los partes de detención.
Además, se incluyeron los partes de vigilancia, seguimiento e interceptación de llamadas telefónicas realizados con disposición y autorización de autoridad competente, las evidencias incautadas, entre otros.
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
El magistrado dispuso de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal. (I)