El año más violento en las cárceles empieza el 23 de febrero cobrando la vida de 79 reos en motines simultáneos en Latacunga, Cuenca y Guayaquil, que para finales de 2021 tendría la mayor cifra de internos asesinados a nivel nacional. Para esa fecha, el país estaba expectante de la segunda vuelta presidencial para reemplazar a Lenín Moreno.

La Penitenciaría del Litoral se convierte en escenario de la peor masacre en una cárcel en la historia del país. El 28 de septiembre, “un conflicto entre bandas”, según atribuye la Policía, provoca la muerte de 118 reclusos a manos de otros internos. Guillermo Lasso, que el 21 de julio afrontó el primer conflicto carcelario del nuevo gobierno con la muerte de 21 internos entre los centros de Guayaquil y Latacunga, cambia al director del SNAI, entidad encargada de las cárceles, y decreta estado de emergencia para el sistema penitenciario. La medida incluye la militarización de los centros de privación de libertad, pero luego la Corte Constitucional señala que las Fuerzas Armadas no deben estar dentro, solo afuera de las prisiones.

En octubre, mientras la Comisión legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad visita las cárceles y recibe a expertos para abordar la crisis, en la Penitenciaría aparecen ‘colgados’ once internos. La teoría de un suicidio colectivo, como lo anuncia el SNAI, es rechazada por organismos de derechos humanos.

Y eso es tan solo un antecedente a una nueva masacre allí. La noche sangrienta del 12 de noviembre termina con la vida de 65 reclusos, la mayor parte de ellos internados en un sector denominado transitoria, adonde van -pagando por protección, según sus familiares- quienes no tienen condena.

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Desbordado por la crisis carcelaria, el presidente Lasso convoca a todas las autoridades de las diferentes funciones del Estado, como la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, entre otras, para tomar medidas conjuntas.

Se decide entonces iniciar un proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.

Familiares de reos buscan información en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil tras los sucesos de violencia. La custodia policial y militar se mantiene en la prisión. Foto: Ronald Cedeño

Al Ministerio de Gobierno y a la Procuraduría se les encarga la elaboración de un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, mientras la Judicatura y la Corte Nacional se comprometen a coordinar acciones para el trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por los privados de libertad y el Ejecutivo empieza a otorgar indultos a quienes cumplan ciertas condiciones en función de sus penas y estado de salud. El objetivo es reducir el hacinamiento, uno de los varios problemas que halló la Comisión parlamentaria que abordó la crisis carcelaria con el aporte de expertos y organizaciones no gubernamentales.

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En un informe de más de 600 páginas, los legisladores concluyen que Ecuador, como Estado, no cumple ciertos estándares internacionales respecto de su responsabilidad sobre las personas privadas de la libertad; por ejemplo, se detectó que no se cumple con la separación adecuada de los internos según factores como la edad, delito cometido y nivel de peligrosidad; mucho menos se distingue entre los sentenciados y procesados, es decir, quienes aún no tienen sentencia y son alrededor del 40 % de una sobrepoblación carcelaria que bordea los 38.000 internos, para los que faltan guías.

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Daniela Oña, abogada especialista en personas privadas de la libertad, viene insistiendo en que si el Estado no resuelve el hacinamiento y soluciona el populismo penal, nada cambiará en esta crisis.

Mayor captura de drogas

Más de 190 toneladas de droga se han incautado en 2021 en Ecuador. El 70 % fue descubierto en Guayas, por cuya capital, la ciudad portuaria de Guayaquil, es la de mayor salida a destinos de Europa y Norteamérica. Foto: Ronald Cedeño

El Gobierno liga la violencia en las cárceles y la inseguridad en las calles al tráfico de drogas y a las acciones contra este delito.

El 13 de agosto la Policía descubre tras la fachada de un negocio de venta de agua en Los Vergeles, norte de Guayaquil, 9,6 toneladas de cocaína, la mayor incautación lograda en una sola operación. En 2021 se decomisan más de 201 toneladas de drogas (el 70 % en Guayas), un récord para el país, según Antinarcóticos, frente a las 120 toneladas de 2020.

La disputa territorial del narco en Ecuador pone al país en la ruta internacional del tráfico de armas. Ecuador registra más de 2.000 homicidios en 2021, cifra que supera por largo a las 1.372 muertes violentas de 2020 y que casi duplica las 1.187 del 2019, antes de la pandemia.

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Esos crímenes han sido posibles gracias a las armas de fuego, cada vez más sofisticadas, que ingresan por las fronteras para alimentar la batalla entre bandas de narcos que se libra en calles y cárceles.

El radar instalado en la cima del cerro de Montecristi fue habilitado el pasado 27 de octubre, pero a los diez días se dañó. Otros equipos se usan para la vigilancia temporalmente. Foto: Archivo El Universo

Para luchar contra el narcotráfico, que se sirve de avionetas que aterrizan en pistas clandestinas en Manabí, el Gobierno dispone la instalación de un radar en el cerro Montecristi. Sus operaciones se inician el 27 de octubre, pero al cabo de diez días presenta una falla que aún se investiga. Mientras tanto, otros equipos realizan la vigilancia y aumenta el decomiso de drogas. En complemento, el Ejecutivo envía a la Asamblea un proyecto de Ley que permita derribar aeronaves intrusas. (I)