En la Asamblea Nacional no todos los legisladores están convencidos de que una nueva ley solucionará la crisis carcelaria del país, sino que reclaman acciones concretas para combatir la inseguridad en las prisiones ecuatorianas.
En lo que va del año se ha presentado una serie de amotinamientos y asesinatos en el interior de la Penitenciaría del Litoral; el último se presentó el fin de semana: hubo más de 60 muertos.
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46 de 62 cadáveres de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral ya han sido reconocidos
Para el coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, el único culpable de los 320 muertos en las cárceles en el 2021 es el Estado, porque no brinda las garantías necesarias para el buen vivir. Que no es posible que los tres anillos de seguridad que existen en las cárceles sean burlados y sigan ingresando armas; lo único que revela es que las bandas delincuenciales tienen el control en el Ecuador.
Que Pachakutik dará todo el mecanismo legislativo para que el presidente y todos los organismos de control tengan las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley en el país. Que si el Ejecutivo remite un proyecto para enfrentar el tema carcelario, se dará el trámite respectivo, si es eso lo que necesita el pueblo.
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El coordinador nacional de ese grupo político, Marlon Santi, planteó al Gobierno que otorgue el indulto a cientos de personas que están en las cárceles por ser luchadores sociales.
Que la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia tienen que velar por los derechos de los ecuatorianos. E hizo un llamado a la Corte Constitucional por no permitir la intervención de la fuerza pública en las cárceles durante esta crisis.
Desde el correísmo, el legislador Pabel Muñoz (UNES) cuestionó que el Gobierno considere que una ley eliminará la crisis carcelaria. Lo que le falta al régimen es contundencia en lo que se debería hacer en la crisis; debe dar muestras de decisión y capacidad de operación, anotó.
Muñoz manifestó que no es una falta de normativa la crisis carcelaria, porque el Ecuador tiene una gran cantidad de leyes y poca operatividad de ellas. El problema central es de institucionalidad, pues antes se tenía un ministerio separado: la gestión de la política de la gestión de seguridad.
“No puede una persona estar coordinando el diálogo en la Asamblea, el diálogo con las otras funciones del Estado, el diálogo con los Gobiernos autónomos descentralizados, la designación de gobernaciones y además hacerse cargo de la seguridad del país”, afirmó Pabel Muñoz al referirse a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, tras insistir en que el problema no es de leyes, sino el no tener gente competente y tener un problema de institucionalidad.
El coordinador de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, recordó que ya existen en el COIP todos los delitos que se pretenden tipificar por efecto de la crisis carcelaria, como la autoría mediata, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. Que en este momento lo que se necesita es que los operadores de justicia apliquen de manera adecuada las normas, y por parte de la Asamblea Nacional hacer un control político para que en el sistema de justicia no existan actos de corrupción.
Desde el oficialismo, la legisladora Ana Belén Cordero manifestó que el primer mandatario espera enviar un proyecto de ley para que se amplíe el tipo penal para hacer responsables a los jefes de organizaciones que operan dentro de las cárceles de lo que ocurra en ellas.
Hasta qué punto los jefes de las organizaciones criminales que operan en las cárceles son responsables de los hechos que ocurren, como dinamitar una pared, asesinar a una persona privada de la libertad o violentarla en su dignidad, es lo que pretende determinar la nueva reforma, anotó Cordero. La ampliación de esta autoría en cuanto al grado de participación en un tipo penal es lo que contendrá el proyecto que prepara el Ejecutivo, explicó.
El proyecto anunciado por el Ejecutivo tendrá tres ejes: el primero, tipificar a aquellos que pertenecen a las mafias y que desde fuera pretenden manejar las cárceles; la intención es que ese sector dé la cara a la justicia.
Otro tema es la garantía del uso progresivo de la fuerza a fin de que la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas permita contener cualquier hecho que se produzca en las cárceles y de esa forma evitar lo sucedido en la Penitenciaría.
El socialcristiano Henry Kronfle resaltó que el primer mandatario haya reunido a todas las autoridades y lograr una coordinación sobre la crisis en las cárceles, pero que esperarán que remita el proyecto para luego analizarlo antes de tomar una posición. (I)