En estos días llegarán a Guayaquil 700 policías más para reforzar la seguridad en el territorio más peligroso del país, donde se han registrado en 2023 más de 1.530 asesinatos. Pero la habitabilidad para la institución sigue siendo un problema, porque la construcción de los cuarteles intermedios aún no se concreta pese a que el anuncio se hizo en noviembre pasado.

Los 589 uniformados recién graduados de la décima corte que llegaron al territorio el mes pasado viven actualmente en albergues, hospitales, universidades y algunos hasta han tenido que alquilar para poder permanecer cerca de su zona de trabajo. Otros, los pocos que son oriundos de Guayaquil, se quedan en casa de sus familiares.

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, algunas aulas fueron adecuadas y hay capacidad para 220 policías. Actualmente están ocupando el espacio 48 uniformados, pero el fin de semana se iba a alistar toda el área para los nuevos gendarmes.

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En el hospital Bicentenario hay también 70 camas. En los centros de Atención Municipal Integral (CAMI) se hospedan decenas de uniformados en Pascuales, Chongón, Tenguel, Florida, suburbio, Fertisa, Trinitaria y Guasmo.

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En estos sitios prestados hay un total de 350 espacios para hombres y 350 para mujeres. En el Cuartel Modelo, donde hubo reparaciones el año pasado, hay lugar para 120 hombres y 120 mujeres.

El coronel Fabary Montalvo, comandante encargado de la Zona 8, dice que si bien la llegada de los nuevos policías es sinónimo de mayor presencia policial y percepción de seguridad, esto les exige cumplir con una serie de implementos que necesitan los uniformados para salir a la calle. Una logística para la que no están completamente preparados, pues los policías de la décima corte debieron traer sus camas desde la Escuela de Policía.

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El jefe encargado dice que en este momento se está haciendo la gestión para la readecuación de 19 unidades de Policía Comunitaria (UPC) en la Zona 8, para darles una mejor habitabilidad a los hombres y mujeres que están a su cargo; sin embargo, Juan Zapata, ministro del Interior, reveló que el contrato de $ 105 millones para la construcción de 100 UPC y seis unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) en todo el país está paralizado porque la empresa adjudicada está pidiendo una actualización de los precios.

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“Se paralizó para ver si es legal hacer el contrato complementario y una actualización de precios”, dijo el funcionario de Estado.

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Además, los recién graduados que desde hace casi un mes están en la Zona 8 aún no tienen chalecos antibalas. El resto de policías sí cuentan con esa protección, pero ya deben cambiarlo, pues la mayoría caduca a los cinco o diez años, depende del tipo de chaleco y la marca.

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La compra de los chalecos recién se concretó hace pocos días, pero hasta que lleguen los equipos faltan aún algunos meses porque se confeccionan bajo pedido, explicó días atrás el ministro Zapata. Se pagaron 25 millones por 50.000 chalecos.

Tampoco les entregaron aún sus armas de dotación, las clásicas pistola Glock 9 mm, a estos recién graduados. Montalvo explicó que ellos están usando actualmente un armamento que se encontraba en el rastrillo del Cuartel Modelo. Son pistolas Smith & Wesson.

El coronel Montalvo considera que cada cinco años deberían renovarse los equipos y tener siempre en stock, pues dice que todo es fundamental para el trabajo en las calles. No solo el arma, las balas y los chalecos, los uniformados requieren esposas, gas, toletes y cintos.

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Juan Zapata dijo la semana anterior que se están adquiriendo 11.000 armas (7.331 pistolas, 1.785 subfusiles y 1.752 fusiles) que llegarían en octubre.

Indicó también que con el dinero que se ahorraron del contrato de los chalecos ($ 6,3 millones) están comprando 29.000 cascos balísticos y de protección y 4.700 esposas.

En este último semestre a Guayaquil, Durán y Samborondón han llegado más de 2.000 policías para combatir la ola de inseguridad. Armarlos y equiparlos es una tarea que ha tomado más tiempo a las autoridades por temas de contratación. (I)