Abogados de los sentenciados por las fundas de cadáveres apelan, pues aseguran que no se consumó el delito

“No hubo ni factura, no se hizo la transferencia, solo se generó una certificación presupuestaria”, así lo asegura Carlos Luis Sánchez, el abogado que defiende a Susana M., una de las funcionarias sentenciadas por peculado en el caso de la compra con sobreprecio de fundas para cadáveres.

Los abogados de los ocho sentenciados coinciden en que no hubo un perjuicio y que van a apelar la decisión tomada por los jueces Francisco Flores (Ponente), Mónica Abad y Francisco Dávila, quienes este lunes dictaminaron 13 años de prisión para Susana M., Cristina G. y Johana V., como autoras directas del delito.

Asimismo se determinó una pena privativa de libertad de 13 años en contra de Daniel Salcedo Bonilla, Sandra O., Lenín R., Alejandro B., en calidad de coautores del delito.

Mientras que Jorge S. fue sentenciado con 6 años y 6 meses de prisión como cómplice del hecho.

Según la tesis de la Fiscalía, Susana Paola M. L., exgerenta general del Hospital Los Ceibos; Cristina del Rocío G. Z., responsable de Compras Públicas; y Johana Isabel V. F., exsubdirectora administrativo-financiera, dispusieron de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de 872.000 dólares.

Además, se demostró que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la empresa adjudicataria y que se incluyeron proformas falsas para beneficiar a Silverti S. A. Una de las cotizaciones fue enviada supuestamente desde el correo electrónico de la hija de Sandra O., representante de Silverti.

“En comparación con lo ofertado por otras empresas –a esa fecha–, en el precio de las bolsas para cadáveres se encuentra un incremento estimado superior al 300 %, lo cual no se justifica”, señaló el juez ponente.

Las fundas para cadáveres fueron adquiridas en 148,5 dólares, cuando en el mercado costaban entre 12 y 25 dólares, aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia de COVID-19.

El Tribunal indicó que la referida contratación fue suscrita y contó con el respectivo informe de recepción a conformidad de los insumos, sin embargo, no fue pagada debido a las denuncias públicas y posterior investigación de Fiscalía.

“Que no se haya realizado el pago no significa que el actuar de las servidoras públicas sea justificable, al haber dispuesto de recursos públicos de manera arbitraria... además, en el proceso hubo la participación de otras personas que, sin ser funcionarios públicos, coadyuvaron para que se perfeccione el delito, actuando para beneficiar a una empresa particular”, añadió el juez.

Se refiere a Sandra Marynelcy O. R., representante de la empresa Silverti; Lenin Alfonso R. G., Alejandro B. R. y Daniel Josué S. B. (que tendrían nexos entre las empresas Silverti, Bioim y ECAP Mediq), como coautores; y, a Jorge Antonio S. B., como cómplice del delito de peculado.

La fiscal Claudia Romero sostuvo que Silverti compró 2.100 bolsas a $ 48 algunas y otras a $ 25, y que las revendió a $ 148 al hospital.

“Nunca existieron las 4.000. A Los Ceibos solo llegaron esas (2.100), se usaron 800 y el resto se devolvió y fueron revendidas al hospital de Latacunga a un precio menor a $ 25”, comentó.

El abogado penalista Julio César Cueva considera que la sentencia emitida esta semana se va a caer en la Corte Constitucional o en la Corte de Casación y explica que al parecer los jueces habrían actuado por la presión mediática y que no consideraron que el delito fue frustrado y que deberían, en derecho, emitir sentencia por tentativa, pues el peculado no se consumó (nunca se hizo efectivo el pago).

Cueva explica que de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la tentativa debe ser castigada con prisión de entre 3 y 7 años y no la pena de 13 años que se emitió.

“No estamos diciendo que sean inocentes, sino que no alcanzaron a consumar el delito”, aclara Cueva. (I)