Casi paralelamente al fin de los 90 días de la instrucción fiscal en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del político ecuatoriano Fernando Villavicencio, también concluirán los tres meses de suspensión que el anterior pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió contra la jueza penal de Pichincha Daniela Ayala, quien luego de resolver la audiencia de formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales del crimen fue denunciada por la Fiscalía por una falta disciplinaria grave.
A la acusación particular, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del expresidenciable asesinado el 9 de agosto de 2023, tienen cierta preocupación debido a la posibilidad de que Ayala luego de la suspensión, sin sueldo, pueda asumir nuevamente el caso en el que se procesa como autores intelectuales del crimen a José Serrano, exministro del correísmo; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC); y Daniel Salcedo, condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en los sistemas judicial y de salud.
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Si no existen vinculaciones al proceso penal, el 3 de diciembre próximo se cerrarían los tres meses de la fase de instrucción fiscal.
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Nueve días después de que inició la instrucción fiscal, el12 de septiembre pasado, el entonces presidente del CJ, Mario Godoy, y la vocal Yolanda Yupangui, parte del anterior pleno de la Judicatura, votaron a favor de la suspensión de Ayala por tres meses. Solo la vocal Solanda Goyes no apoyó esta resolución.
La suspensión contra Ayala se concretó tras la denuncia interpuesta por el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, por una falta disciplinaria grave, contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio contra Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo.
Según Toainga, en la diligencia, Ayala, como jueza, cuestionó de forma errada la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, que está a cargo del caso relacionado con Villavicencio. Por ejemplo, la magistrada dijo que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”.
Esas expresiones, para el entonces fiscal general, significaban que “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución”.
Con la salida de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado y más adelante cambió la medida de presentación periódica que ordenó su antecesora contra Jordán y Serrano, quienes viven en Miami, Estados Unidos. En su lugar les impuso una orden de prisión preventiva, medida que fue apelada y se dará el próximo 4 de diciembre una audiencia para conocer y resolver los recursos.
Tamia Villavicencio, hija del político y periodista asesinado, explica que en el proceso judicial de su padre no solo han tenido que enfrentar a estructuras delictivas a las que forman parte los sospechosos, sino también han tenido que dar batalla a lo que califican como “mafia judicial”. En ese marco, informó que el 17 de noviembre pasado ingresaron al CJ una denuncia contra Ayala por la falta disciplinaria gravísima de negligencia manifiesta, contenida en el artículo 109 del COFJ, dentro de la cual han pedido que sea destituida.
“Hemos considerado que esta jueza ha dictado medidas nunca antes vistas en este país. A dos acusados de asesinato, y más aún de un magnicidio, se les permitió durante un tiempo presentarse en un consulado en Miami y sin ningún tipo de medio judicial que pudiera corroborar. No había tal presentación ante la justicia, porque los consulados no tienen facultades jurídicas. (...) Por eso también hemos ingresado esta denuncia. (...) Ya el 3 de diciembre se van a cumplir tres meses de la suspensión de la jueza y probablemente ya podría volver a conocer este caso, cuando ya hemos visto sus actuaciones, que solo han beneficiado a los acusados y cuando ni siquiera dejó por escrito nuestras medidas de protección, las cuales han sido incumplidas”, sostuvo Tamia Villavicencio.
Dentro de la decisión tomada por Godoy y Yupangui, en septiembre pasado, se incluyó la disposición para que la Dirección Provincial de Pichincha, bajo los principios de independencia judicial y celeridad, continúe con la tramitación de un sumario disciplinario en contra de Ayala. La decisión del pleno del CJ anterior se adoptó tras conocer un informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que recomendó la suspensión de la jueza.
El sumario administrativo contra Ayala se resolverá ante una integración distinta de CJ. El nuevo pleno del Consejo de la Judicatura asumió sus funciones el 25 de septiembre pasado y está integrado por el nuevamente presidente Mario Godoy y los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara. (I)