Una de las anomalías halladas en el concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), declarado nulo, fue que personal del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán habría solicitado la entrega del sistema encriptado de preguntas y respuestas de oposición.
Este hecho fue develado por la Unidad de Tecnología del Consejo y está siendo investigado, relevó brevemente Álvaro Román, actual presidente de la Judicatura, durante una comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
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El funcionario indicó que el sistema sí habría sido entregado al equipo de Wilman Terán, quien desde diciembre de 2023 cumple prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito, por los casos Metástasis e Independencia Judicial.
Román acudió a la mesa legislativa la tarde del miércoles 31 de enero, para aclarar los motivos por los cuales el pasado 18 de enero el pleno del Consejo declaró la nulidad total del concurso de selección y designación de jueces, proceso que se inició en julio del 2023 y debía culminar en febrero del 2024.
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Expuso que se encontraron anomalías en las nueve fases del concurso. Los hallazgos están sustentados en informes técnicos.
Las irregularidades detectadas van desde que en la convocatoria no se justificó el criterio de especialidad; por lo tanto, se inobservó el principio de especialidad.
Se convocó para llenar siete vacantes; sin embargo, en la fase de méritos se ampliaron los periodos de gestión de cuatro jueces nacionales, cuyas vacantes eran parte del concurso. Con eso se recortó el número de vacantes a ser llenadas.
Al respecto, el Consejo presidido por Álvaro Román derogó la resolución con la que se amplió el tiempo de funciones de los jueces.
No se garantizó la paridad en la fase de convocatoria. No se determinaron los parámetros para valorar objetivamente el requisito de probidad.
En la etapa de postulación se permitió que de manera extemporánea cuatro postulantes pudieran remitir digitalmente sus documentos por la plataforma Sithfuj, “favoreciendo a los mismos por sobre los demás”, puntualizó Román.
Los miembros de los tribunales de recalificación fueron elegidos de forma discrecional, “porque no existe reglamento que regule requisitos objetivos para ser parte de estos tribunales”.
En la fase de méritos la Comisión de Calificación no justificó si la calificación asignada a cada postulante obedeció a la rúbrica elaborada por el Comité de Expertos o por otra.
La rúbrica e informes emitidos por el Comité de Expertos no fueron publicitados a la ciudadanía.
Un postulante solicitó recalificación y recibió una mejora en su nota de méritos, que lo habilitaba para seguir en el concurso. Sin embargo, el director general, sin competencia, ordenó la exclusión del candidato.
Román explicó que esta decisión fue “arbitraria porque el director general no tiene competencia para ello”.
Sobre los exámenes de confianza no existió un perfil para determinar lo que se buscaba con esa prueba. No se indicó la metodología para superar dicha prueba; a los concursantes se les notificó con porcentajes, pero no sabían si con eso superaron o no la prueba.
Se realizó una segunda prueba de confianza que no estuvo prevista en la normativa. “Se la decidió de forma arbitraria y sin sustento legal”, apuntó el titular de la Judicatura.
Román justificó que por todas las anomalías detectadas el pleno del Consejo determinó que se violaron los principios constitucionales de seguridad, transparencia, igualdad y no discriminación, paridad, probidad y publicidad.
Una vez que se declaró la nulidad del concurso, el organismo dio un plazo de 20 días a la Dirección de Talento Humano -desde el 18 de enero- para entregar los instrumentos normativos que regulen un nuevo concurso para la selección y designación de la Corte Nacional de Justicia.
Adicionalmente, Román contó en la Comisión de Justicia que posee “información extraoficial” de que la comisión veedora nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, para vigilar el concurso de jueces, “jamás se activó y presentó informe al Consejo de Participación Ciudadana”. Esta situación también está siendo investigada. (I)