La vicepresidenta de la República, María José Pinto, se integró oficialmente a desempeñar su cargo con el compromiso de estar en territorio.
Con honores militares, por parte de los Granaderos de Tarqui, y una alfombra roja, la segunda mandataria fue recibida la mañana de este lunes, 26 de mayo, en el primer día laboral de funciones.
Pinto tomó posesión de este cargo junto con el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, este sábado, 24 de mayo, en una ceremonia en la Asamblea Nacional, pues ganó las elecciones de la segunda vuelta del 13 de abril.
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Pinto agradeció a Noboa por confiar en ella para asumir este cargo y se comprometió a trabajar en atender las necesidades de la población en el ámbito social e ir a “territorio”.
A Pinto, de 39 años, el mandatario le encargó como función articular políticas públicas integrales, planes, programas, proyectos y actividades vinculados en temas de salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.
El 24 de mayo, Noboa, luego de la posesión en el cargo, firmó sus primeros decretos ejecutivos de este periodo 2025-2029 y en el número 3 asignó a la vicepresidenta la función de “coordinación, dirección, supervisión y control de la implementación y ejecución de las directrices, planes, programas, proyectos y actividades que se requieran por parte del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades”.
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Con la llegada de Pinto al edificio de la Vicepresidencia, ubicado en el centro histórico de Quito, este reabre sus puertas, que permanecieron cerradas por varios meses debido al conflicto que mantenía Daniel Noboa con la exvicepresidenta Verónica Abad Rojas.
A Abad la envió de embajadora de Ecuador en Israel, luego a Turquía. Finalmente, a través de una denuncia por violencia política de género, que impulsó la canciller Gabriela Sommerfeld, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le suspendió los derechos políticos por dos años, por lo que no podrá acceder a un cargo en el servicio público ni participar en procesos electorales. (I)
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