Suspensión de vicepresidenta Verónica Abad viola la Constitución, afirman juristas

Varios juristas consideraron que la suspensión dispuesta por el Ministerio del Trabajo en contra de la vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, es inconstitucional.Con base en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), el Ministerio sancionó este viernes, 8 de noviembre del 2024, a Abad con una suspensión temporal de 150 días sin goce de remuneración; esto porque la Cancillería le dispuso que se presente en la misión diplomática de Ankara (Turquía), a donde fue trasladada por orden del presidente Daniel Noboa, hasta el 1 de septiembre del 2024, pero llegó el 9.La Constitución está por encima de cualquier ley o reglamento, y en ella se definen las situaciones en las que se concreta la ausencia temporal del presidente y vicepresidente de la República, y ninguna de ellas es una sanción por “sumario administrativo” de cualquier institución, señaló el constitucionalista José Chalco-Salgado .El artículo 150 de la Constitución señala que, en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República. “Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República las mismas determinadas para la Presidencia de la República”, refiere el texto .En el artículo 146 se indica que “se considerará ausencia temporal (del presidente) la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional” .Chalco-Salgado explica que la carta magna establece un procedimiento específico para la destitución de los mandatarios o su reemplazo en una ausencia temporal o definitiva. “La Ley Orgánica de Servicio Público y sus reglamentos, que se le están aplicando a la vicepresidenta, son inferiores. Y en ningún momento se habilita para que la vicepresidenta pueda ser sujeta de alguna ausencia por una suerte de sanción disciplinaria del Ministerio del Trabajo... Lo que estamos mirando ni siquiera encaja en alguna causal de ausencia temporal señalada en la Constitución. ¿Cómo puede ser que una ausencia de la Vicepresidencia de tres días al trabajo sea sancionada con la falta de 150 días? ”, cuestiona.Para el constitucionalista, esta decisión es “un abuso al orden constitucional” y la mandataria puede poner acciones legales ante la justicia contencioso-administrativa; e incluso la Corte Constitucional (CC) debería pronunciarse al respecto, “no puede quedarse impávida ante lo que ha pasado”, a través de una consulta de revisión de la norma que eleve la misma Abad.El 8 de agosto pasado, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 353, con el que se dispuso el “traslado temporal” de Abad de la Embajada de Ecuador en Israel a la Embajada de Ecuador en Turquía, en la ciudad de Ankara. La compañera binomial de Noboa fue designada a Israel como embajadora de Ecuador y en el Decreto 353 se precisó que, desde Ankara, Abad “continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a la sede de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv”.La cartera de Trabajo explica en su resolución para la suspensión temporal que ha quedado probado que la servidora pública María Verónica Abad Rojas incumplió la disposición de presentarse hasta antes del día 1 de septiembre de 2024 en la ciudad de Ankara, en Turquía, según lo que habría dispuesto el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Augusto Barberis, en un memorando del 27 de agosto pasado.Respecto a la decisión administrativa tomada, la jurista Lolo Miño sostiene que la única forma de suspender o sancionar a una vicepresidenta de la República es por juicio político en la Asamblea . Entonces, de entrada, refiere, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, actúa de modo ultra vires (sobrepasando los límites legales) y se atribuye una competencia sancionatoria de la que carece constitucionalmente. Esto debería ser materia, por lo menos, de un juicio político, y hasta podría ser un proceso penal por arrogarse funciones que no le corresponden.Luego, el régimen de sanción del Ministerio del Trabajo no es aplicable a una funcionaria elegida por voto popular y, por tanto, la sanción es inconstitucional e ilegal.Para Miño, lo “aberrante” de esto es lo antidemocrático y peligroso para el Estado de derecho que resulta que una ministra pueda anular los efectos del voto popular: uno de ellos, que la vicepresidenta asuma la Presidencia de la República en casos de licencia del presidente. El precedente es nefasto para la democracia y debería ser fuertemente rechazado, resalta la jurista.En su cuenta de la red social X, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo , dijo que es “total y absolutamente inconstitucional la decisión de suspensión de la vicepresidenta Abad mediante sumario administrativo. Si no hay norma, la creamos. Y luego, como señala el dicho popular latinoamericano: ‘Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley’”, lamentó. (I)

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