Pese a que el proceso de eliminación del registro electoral avanza en el Consejo Nacional Electoral (CNE), los movimientos políticos Unidad Popular (lista 2) y Construye (lista 25) confían en que sí podrán participar en los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre.
Ambas organizaciones alegan que, por el cambio de fecha de las elecciones, la cancelación no procede, ya que las eliminaciones se podían realizar solo hasta el pasado 3 de abril, 120 días antes de la convocatoria a las elecciones.
Las directivas nacionales piden que se ratifique su vigencia como organizaciones políticas y que se archiven los procesos en su contra.
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Según el órgano electoral, y con base en informes presentados por las áreas técnicas y jurídicas, ambas organizaciones incumplen con el mínimo de afiliados o adherentes exigido por la ley.
Construye no registra en el CNE ni un solo adherente permanente. Por su parte, Unidad Popular cuenta con poco más de 31.000 afiliados. Cifras que están por debajo del mínimo exigido en el Código de la Democracia.
Argumentos
Para sostener el argumento de que sí podrán participar en las próximas elecciones, ambas tiendas políticas se amparan en el artículo 327 del Código de la Democracia; este señala que el CNE está facultado para emitir la resolución de cancelación de una organización política 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
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“El 3 de abril del 2026 fue el último día en el que el CNE podía cancelar organizaciones políticas. Es decir, en este momento ya no puede hacerlo”, destaca el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quien agrega que cualquier resolución estaría emitiéndose de “forma extemporánea y nula en pleno derecho”.
Asimismo, el presidente de Construye, Iván González, comparte ese análisis. “El CNE podía eliminar a la organización política solamente hasta el 3 de abril. Ya no puede hacerlo, está impedido por norma expresa y lo que debería es archivar este procedimiento”, indica a EL UNIVERSO.
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La Unidad Popular y Construye presentaron sus descargos en el plazo de diez días que les dio el CNE. Estos vencieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente.
Las cifras presentadas por el Consejo no cuadrarían con las detalladas por los movimientos.
Atarihuana apunta que el único argumento del CNE sería “inválido”. “Nosotros tenemos 206.000 afiliados fruto de la fusión del MPD y el movimiento Unidad Popular en el 2020”, puntualiza.
El CNE ha detallado que, en el caso de la UP, existe una supuesta salida masiva de 175.000 afiliados. Sin embargo, el movimiento político informó que el organismo electoral certificó solo un total de 1.483 desafiliaciones registradas desde junio de 2020, según un documento entregado el 13 de abril de 2026.
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De acuerdo con la organización, esta cifra representa el 0,7 % del total de afiliados, por lo que, a su criterio, no se configura una reducción que supere el 50 % del padrón, condición contemplada en la normativa para la cancelación de una organización política.
“Las afiliaciones fueron verificadas, validadas; la única forma de que se disminuya (el número de) afiliados es con desafiliaciones”, indica Atarihuana.
Por su parte, González destaca: “El CNE dice que tenemos cero adherentes permanentes en la organización política. Bajo esa premisa, ni él sería parte de su movimiento”.
Sin embargo, el dirigente detalla que hasta las elecciones seccionales del 2023 existían 171.610 registros válidos.
“Nosotros tuvimos cerca de 8.000 personas conectadas en los procesos de democracia internos para las elecciones seccionales del 2023”, resalta.
Ambos movimientos están a la espera del pronunciamiento del CNE, que tiene hasta 30 días para dar una resolución.
No obstante, tanto Atarihuana como González consideran que el órgano electoral debe archivar este procedimiento, lo que les daría luz verde para participar en los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre.
El ‘plan B’
En el caso de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana asegura que no hay un escenario en el que UP no esté en la papeleta electoral. “Nosotros vamos a participar, estamos dentro del plazo, tenemos la razón legal y simplemente estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Si no lo hace, nosotros estamos en plena vigencia”, comenta.
Si bien la organización no contempla ser eliminada, no descarta alianzas dependiendo del territorio. Se han considerado cuadros propios para las alcaldías, como Carla Arellano para Guayaquil, Natasha Rojas y Carlos Castellanos en Quito, Sebastián Cevallos en Cuenca y Liliana Silva para Santo Domingo de los Tsáchilas.
En tanto que Construye le dejará “carta abierta” a quienes formaban parte de sus filas para que tomen el camino político que gusten. “Ellos podrán libremente afiliarse a otras tiendas políticas y participar en un cargo”, indica González, esto bajo la “necesidad de constituir una alternativa o una alianza de varias organizaciones”.
“Sabemos que hay acercamientos de varios movimientos invitando a cuadros nuestros a participar en elecciones”, agrega.
Asimismo, en caso de llegar a un cargo de elección popular, dijo que queda a decisión de una eventual autoridad electa ejercer su puesto con apoyo de militantes de Construye o del partido por el que fue escogida.
Actualmente, Construye no tiene cuadros definidos de cara a las seccionales. “Nosotros en este momento estamos concentrados en primera instancia en la defensa de la organización política”, comenta González.
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En tanto, según el calendario actualizado, el registro de alianzas políticas debe concretarse hasta el 18 de julio de 2026, la convocatoria de elecciones seccionales será el 1 de agosto y el periodo de inscripción de candidaturas se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto. Una vez cerrada la inscripción, el próximo 18 de agosto se notificará el listado de candidaturas presentadas y el listado oficial de candidaturas inscritas se publicará el 9 de noviembre de 2026.
En las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ecuatorianos elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales, así como a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. (I)
