Una ‘contribución extraordinaria’ del 3,25 % de las utilidades de las sociedades propone el informe de minoría del PSC como alternativa al incremento del IVA

En el informe de minoría que presentó ante la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional como alternativa a la propuesta del Ejecutivo de incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) propone la creación de una “contribución extraordinaria” exclusivamente para ser invertida en la lucha contra la inseguridad, especialmente terrorismo y narcotráfico.

Un informe de minoría refleja la propuesta de uno o varios asambleístas (menos del 50 % de los miembros de la Comisión) sobre un proyecto de ley presentado (en este caso, proyecto presentando por el presidente de la República).

Según el estudio, lo que plantea el PSC es la creación de una contribución que será del 3,25 % aplicado sobre las utilidades gravables (netas) de las sociedades del ejercicio del 2022, que se declararon en el 2023. La contribución será pagada exclusivamente por las sociedades y no por los ciudadanos. Excluye también a las micro-, pequeñas y medianas sociedades.

Originalmente, el presidente Daniel Noboa planteó subir tres puntos al IVA, del 12 % al 15 %, de manera permanente. Pero luego del rechazo que tuvo su iniciativa dentro de la Asamblea, se corrigió y quedó una propuesta mixta: subir un punto de manera permanente y dos puntos de forma temporal.

Según el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, la tarifa del IVA subirá al 13 % (de forma permanente), pero se incrementará temporalmente en dos puntos porcentuales adicionales (para llegar al 15 %) durante lo que resta del ejercicio fiscal 2024 y los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Los socialcristianos en su informe afirman que la reforma planteada por Noboa pretende recaudar por concepto del IVA alrededor de $ 1.300 millones anuales, “impuesto que lo pagamos de manera directa cuando compramos un bien o recibimos un servicio”. Y advierten que “en una economía de lento crecimiento, como es la de nuestro país, el incremento de los tres puntos porcentuales del IVA derivaría en una fuerte recesión, debido a que la ciudadanía en general tendría menor capacidad adquisitiva”.

En cambio, la iniciativa que la bancada del PSC presenta “como salida clara y eficiente a la crisis que vive el Ecuador”, según sus proyecciones, producirá $ 1.040 millones durante lo que resta del 2024 y durante el 2025, que es el plazo de duración.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas, que recoge el informe de minoría del PSC, señalan que la guerra contra el crimen organizado le costará al país en el 2024, aproximadamente, $ 1.020 millones,

“El impuesto a la renta es considerado un impuesto progresivo en la medida en que los agentes con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta. Por el contrario, un impuesto regresivo es aquel en el que se capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumenta. Este impuesto se lo considera como la columna vertebral de todos los sistemas tributarios, dadas sus características basadas en el principio de la capacidad de pago”, dice el documento.

En razón de lo expuesto, el informe de minoría enviado por el PSC sostiene que lo recaudado mediante la creación de la “contribución extraordinaria” debe ser invertido puntualmente en fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

Para esto plantea, entre varias medidas, que se analice la posibilidad de que los vehículos destinados a patrullaje puedan ser alquilados con el fin de dar al Estado flujo en el presupuesto; implementar un sistema de cámaras inteligentes LPR incorporada a los vehículos (software lectura de placas); rehabilitación de hospitales tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional; destacamentos blindados en zonas de mayor conflicto e intervención; fortalecer la inteligencia estratégica; fortalecer la coordinación de las fuerzas del orden público con la función judicial; fortalecer y actualizar los Sistemas Integrados de Seguridad ECU 911; control fronterizo; y daño colateral. (I)