La Defensoría del Pueblo llevó a la Fiscalía el informe sobre presuntas vulneraciones a los derechos de la ciudadanía, en el marco de las protestas de octubre de 2019, que se produjeron luego de que el Ejecutivo emitiera un decreto que elevaba el precio de los combustibles.

Una comisión creada por la Defensoría del Pueblo, entre sus conclusiones, señaló que hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó -este martes- una denuncia de presuntos delitos de lesa humanidad.

Esta denuncia (...) en contra del presidente de la República (Lenín Moreno), de la ex ministra de Gobierno (María Paula Romo) y del actual ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), quienes están siendo determinados y se tendrá que establecer su responsabilidad en cuanto a este delito de lesa humanidad, de un ataque generalizado contra la población civil...

Freddy Carrión, defensor del Pueblo

La semana pasada se dio a conocer el resultado del informe

Carrión agregó que está pidiendo a la Fiscalía que inicie la investigación previa respectiva y dado que el actual Gobierno está a punto de dejar el poder haya una medida cautelar mediante la cual se prohíba la salida del país de los denunciados para que den su versión de los hechos.

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De parte, el régimen cuestionó el informe.

Según el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas actuaron con respeto a los derechos humanos y garantizaron la democracia durante la crisis de hace dos años.

De acuerdo con esa secretaría de Estado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, manifestó que parte de la doctrina de las Fuerzas Armadas es utilizar técnicas, principios y equipamiento no letal para antidisturbios con la finalidad de cuidar a la población.

Jarrín aseguró que jamás se utilizó armamento de dotación militar. Calificó al informe de “infame”. Acotó que es parcializado, discriminatorio e incompleto.

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Desdibuja la imagen de una muy respetable institución como es la Defensoría del Pueblo

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional

En su cuenta de Twitter, el ministerio de Defensa Nacional expuso su posición sobre el informe de la Defensoría del Pueblo y los hechos de octubre de 2019.


María Paula Romo fue censurada y destituida por los acontecimientos de octubre

Días atrás el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, calificó al informe como una “versión probablemente sesgada”.

El Gobierno consideró que el documento no refleja la realidad de lo que sucedió

Para Martínez hubo protestas violentas con fines políticos y de desestabilización política, en las cuales la Policía actuó “firmemente”, “correctamente”, intentando restablecer el orden.

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Agregó que el informe no recoge los hechos y no representa la realidad de lo sucedido.

En un comunicado de dos hojas, el ministerio de Gobierno, de manera preliminar mencionó que en el informe se omiten episodios que permitirían una visión global de los hechos como por ejemplo, el de los secuestros a periodistas, policías y militares, vejaciones a mujeres policías que permanecieron secuestradas y que fueron amenazadas con ser violadas y que, de hecho, fueron objeto de vejámenes sexuales.

Además el incendio a la Contraloría, el incendio al canal de televisión Teleamazonas, el ataque a ambulancias, entre otros hechos.

“No existen elementos, ni indicios, ni peor pruebas que permitan sugerir siquiera que se hayan registrado situaciones que, bajo los parámetros internacionales de derechos humanos pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”, aseguró el comunicado del ministerio de Gobierno.

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La comisión que elaboró el informe estuvo integrado por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala. Carrión afirmó que la labor de los comisionados fue objetiva e imparcial.

El defensor del Pueblo acotó que no se justifican los actos violentos que se cometieron también de parte de los manifestantes y que en el informe se mencionan, acciones vandálicas a empresas privadas, actos de destrucción de la Contraloría e inclusive atentados contra miembros de la autoridad y de la fuerza pública, los cuales deben ser investigados.