Casi 24 puntos cayó, en un año, la calificación a la gestión de la actual Asamblea Nacional: pasó de 34,5 % a 10,7 %, según la encuestadora Market. Cifras que reflejan la poca estima en que la ciudadanía tiene a la Función Legislativa a causa de los constantes conflictos políticos y el incumplimiento de sus roles constitucionales: legislar y fiscalizar.

Blasco Peñaherrera, director de la firma, señala que si bien el Parlamento es un escenario natural de confrontación política, en el actual periodo legislativo se han sumado denuncias de corrupción, “camisetazos”, amenazas de “muerte cruzada” y hasta acciones judiciales tomadas por la propia presidenta, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo. Esto último es algo que nunca se ha visto.

“La Asamblea vive en una permanente crisis, no solo por la mala imagen, sino porque no ha estado a la altura de lo que piden sus mandantes”, advierte él, aunque señala que esto no es reciente: la calificación de los órganos legislativos desde el retorno a la democracia, hace 42 años, ha sido “mala” o “pésima”.

Gorki Aguirre, exasambleísta constituyente y actual director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), anota algunas causas de esta decepción ciudadana.

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Primero, “que hay una falta de preparación política para aprobar proyectos de ley en favor de la ciudadanía con base en el conocimiento de las necesidades insatisfechas en el territorio, y tampoco hay debate de las propuestas ciudadanas y requerimientos sociales”.

Segundo, “que han cometido una serie de errores al aprobar leyes de relevancia política, sin tomar en cuenta los fundamentos técnicos, jurídicos y constitucionales. La incapacidad del órgano legislativo ha causado que sea la Corte Constitucional la que redacte las normas, ya que ignoran profundamente el espíritu constitucional y han pasado el año consultando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de proyectos de artículos de ley”.

Tercero, “que existen negociados entre el Gobierno y los asambleístas; hay denuncias desde el mismo presidente Guillermo Lasso sobre hechos de corrupción en cuanto a pedir cargos a cambio de votos por leyes, dejando de lado la ética y moral, incluso faltando a la misma Constitución, que prohíbe este tipo de acciones”.

La desconexión con las necesidades reales de la sociedad es lo que más lamentan los voceros de sectores que se sienten afectados por las acciones u omisiones de la Asamblea.

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Según Martha Cecilia Villafuerte, dirigente de grupos provida, esta no ha sido una Asamblea legislativa, sino militante. Y pone como ejemplo el trámite de la ley para regular la interrupción del embarazo, cuyo veto parcial entró en vigor por ministerio de la ley. La considera inconstitucional. A esta norma se le dio gran relevancia porque respondía a una agenda de militancia “abortista”, cuando había otros temas más importantes.

Guadalupe Llori llegó a la presidencia del Parlamento tras un acuerdo político entre el Gobierno, Pachakutik y la Izquierda Democrática. Foto Cortesía Asamblea Nacional. Foto: Christian Medina

“Ha descuidado atender lo fundamental que le compete: legislar de forma transparente y objetiva. Lo que ha hecho es, velando por sus intereses políticos y personales, bloquear el tratamiento de leyes, como algunas del Ejecutivo, y aprobar otras que llegan con baches o vacíos constitucionales, como la del aborto”, señala.

En tanto que el empresario Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, piensa que este sector es uno de los más golpeados por la legislación que se aprobó y también por la que no. “La reforma tributaria frenó el crecimiento de los negocios en Ecuador y la inversión extranjera. Aprobaron impuestos que afectaron directa e indirectamente a las empresas: el impuesto al patrimonio para personas jurídicas impide que se invierta con más agresividad; el del patrimonio de las personas naturales no permite que aquellas que cuentan con algo de patrimonio puedan usar ese dinero en el mercado o para emprender; y el impuesto a la renta a los que ganan más de $ 2.000 afectó su capacidad de consumo, porque tuvieron que ajustarse”, explica.

Además, negaron la ley de inversiones, “que en algo iba a ayudar a mejorar el entorno empresarial”, y no se han discutido temas importantes, como la reforma laboral y a la seguridad social.

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“No entendieron la realidad del empresario ecuatoriano, que está saliendo de una pandemia y entrando a una crisis logística mundial que encarece el precio de los combustibles, de las materias primas, del transporte. Se debería legislar a favor de mejorar la competitividad del país”, refiere.

El analista Pedro Donoso piensa que es un poco injusto evaluar a la Asamblea basándose solo en la percepción de la gente, porque, históricamente, “el Legislativo siempre tiene un desgaste político más profundo que otras funciones del Estado, porque es lógico que el ciudadano busque en ellos respuestas inmediatas a sus necesidades; pero no está para eso: hace un trabajo silencioso absolutamente importante para la estructura democrática, que es crear los marcos legales”.

La bancada Unión por la Esperanza celebra la votación obtenida la madrugada del 10 de marzo de 2022, donde la Asamblea Nacional concedió amnistía a sus líderes políticos Paola Pabón y Virgilio Hernández. Cortesía Foto: MAURICIO MUNOZ

Para él, deben considerarse otras dos dimensiones: el nivel de representación política y las cifras de su labor legislativa y de fiscalización.

“Tener un Legislativo es importante porque ahí está la diversidad de la sociedad, en teoría, evidentemente. Por ejemplo, está el movimiento indígena representado con 25 votos; octubre podría ser una razón por la que están ahí… La Asamblea se convierte en una cancha donde se liberan las diferentes tensiones sociales para que las diferentes visiones puedan encontrarse en un espacio democrático”, reflexiona.

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Respecto a los números, Donoso dice: “La presidenta dijo que aprobó veintipico de leyes, pero la mayoría fueron debatidas en el anterior periodo legislativo. Pero no siempre la matriz cuantitativa debería ser una calificación para los asambleístas. No nos sirve de nada tener un Legislativo que apruebe veinte leyes mensuales si no responden a la dinámica de la sociedad; o sea, que el análisis debe ser cualitativo. Tampoco la cantidad de juicios políticos tiene que ser un indicador”.

Bajo esas tres consideraciones, el analista opina que el trabajo de la Asamblea ha sido “positivo” en cuanto al debate político que se generó alrededor de leyes o resoluciones, pero “negativo” respecto a su “incapacidad para generar procesos alejados de la politización de la justicia y de las pugnas de poderes”. (I)