Desde uniformados procesados por irregularidades en el manejo de su fondo de pensiones, denuncias de supuestos “narcogenerales” a los que EE. UU. les retiró las visas, cuestionamientos por los constantes cambios de autoridades en medio de una crisis de seguridad y hasta presuntas omisiones en los protocolos de seguridad en un controversial caso de femicidio son las polémicas en las que la Policía Nacional se ha visto envuelta en los últimos dos años.
Estas situaciones han afectado notablemente la percepción que los ecuatorianos tienen de la institución. Según una encuesta realizada por Click Report a 1.900 personas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, el 58,83 % considera que la imagen de la Policía es negativa.
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Lasso pide desvinculaciones
El más reciente fue la desvinculación, el 17 de marzo, de dos generales que pidió el presidente Guillermo Lasso. Se trató de Giovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional; y Mauro Vargas, exdirector general de Inteligencia Militar, luego de la filtración de una conversación de ambos por el medio digital La Posta, en la que supuestamente acordaban cerrar el informe El Gran Padrino para no perjudicar al mandatario.
El medio digital reveló audios de conversaciones de Vargas y Ponce, con la excomandante de la Policía Tannya Varela, sobre la investigación del caso León de Troya, en el que se indagaba a Rubén Cherres, Danilo Carrera y presuntas actividades de narcotráfico con la mafia albanesa. En las grabaciones se escucha a los oficiales hablar de cerrar la investigación para no afectar al presidente de la República. Y mencionan que el mandatario tenía conocimiento del tema y hasta lo habría puesto en conocimiento de su cuñado, Danilo Carrera.
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Desde la Presidencia se aclaró que Lasso “nunca ordenó que se archive investigación alguna y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicada en forma reservada”.
Perjuicio al Isspol
Sin embargo, este último episodio no es el único que empaña la imagen de la institución, su deterioro comenzó en febrero de 2021 cuando se reveló el perjuicio económico de más de $ 900 millones provocado al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) por altos directivos de la institución y empresarios ecuatorianos relacionados al mercado bursátil.
Una de las últimas acciones de la justicia en este caso se registró el pasado 9 de enero cuando se inició la audiencia preparatoria de juicio contra una decena de investigados en el caso de posible peculado por la compra de $ 216 millones en bonos con pacto de recompra.
Entre los procesados se encuentran exdirectivos del seguro policial como los generales David Proaño Silva y Enrique Espinosa de los Monteros.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía señaló que en el expediente se investigó la negociación de $ 216 millones en operaciones efectuadas entre 2017 y 2019, por el pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre los directivos del Isspol y las empresas IBcorp Investments y Capital Ventura.
Presencia de supuestos narcogenerales
A esto, se sumó la denuncia a finales de año de la existencia de generales de la policía vinculados al narcotráfico que hizo el embajador de EE. UU., Michael Fitzpatrick. Esta información provocó que el Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría General del Estado iniciaran investigaciones sobre el alto mando policial.
La identidad de los supuestos ‘narcogenerales’ no se ha conocido, pero el general de la Policía en servicio pasivo Víctor Araus fue uno de los uniformados a los que se les retiró el visado. Calificó la medida como una “canallada” que destruyó su vida y la de su familia y ha mencionado que busca un resarcimiento del Estado ecuatoriano por su salida injusta e ilegal de la institución a la que sirvió por 36 años.
Al general solo se le indicó que el retiro se daba a causa de cierta información que había recibido el Gobierno estadounidense. No obstante, en un examen realizado por la Contraloría a raíz de este escándalo, no se demostró que Araus tenga actividades sospechosas, pero sí se detectaron incongruencias en patrimonios de tres generales.
El general Alfonso Camacho, presidente de la Asociación de Generales de la Policía Nacional, refiere que los miembros de la institución son respetuosos de la Ley, normas, personas e instituciones y que han hecho los oficios correspondientes desde la presidencia de la Asociación de Generales a los respectivos ministros del Interior, comandante general de la Policía Nacional y al embajador estadounidense.
“Hemos pedido al embajador exclusivamente que nos dé una prueba, una muestra de quiénes son los acusados de ser ‘narcogenerales’ nosotros también queremos saberlo”, cuenta y dice que no han recibido respuesta alguna.
Reemplazo de comandantes
Otro episodio que ha causado controversia es el reemplazo de comandantes que se ha vuelto algo recurrente. En solo un año la institución cambió de titular tres veces.
El año 2022 empezó con Varela al frente de la entidad, pero, el 23 de enero de 2022 fue cesada luego de una serie de eventos violentos en Guayas.
Carlos Cabrera fue el reemplazo de Varela, pero estuvo menos de cuatro meses en el cargo.
En mayo, Cabrera fue reemplazado por Fausto Salinas también por la crisis de seguridad, que se ha mantenido en el cargo pese a cuestionamientos por la inseguridad del país y por el escándalo del femicidio de María Belén Bernal.
Femicidio de María Belén Bernal
Bernal, una abogada quiteña de 36 años, asesinada por su esposo, el teniente Germán Cáceres, el 11 de septiembre en el interior de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enrique Gallo, donde su cónyuge era instructor y estaba de guardia. Este caso conmocionó al país por una serie de omisiones en los protocolos de seguridad de la Policía y porque el responsable escapó del país.
El cuerpo sin vida de Bernal fue encontrado diez días después, en el cerro Casitagua, a 4 kilómetros de la escuela policial. Tres meses después, Cáceres fue capturado en Colombia el viernes 30 de diciembre de 2022, estaba en la lista de los más buscados de Ecuador y tenía alerta roja y azul de la Interpol. Ahora permanece en la cárcel La Roca, en Guayaquil.
Los cuestionamientos a la gestión de la Policía derivaron en que la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, apunte a que se trató de un crimen de Estado por haber ocurrido dentro de la dependencia policial y pusieron el ojo público también al entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo.
En medio de los cuestionamientos, Lasso pidió la renuncia de Carrillo el 23 de septiembre de 2022 y fue reemplazado por el coronel Juan Zapata.
El pasado 23 de febrero, Carrillo fue acusado de incumplir sus funciones en el caso Bernal y por su gestión durante el último paro nacional de junio de 2022. La Asamblea Nacional lo acusó de reprimir la protesta social y lo responsabilizó del femicidio por actuaciones y respuestas tardías.
Carrillo indicó en una entrevista con este Diario que él fue el único que recibió una sanción moral por el caso Bernal cuando fue el primero que denunció la fuga de Cáceres y cuestionó que el Legislativo se concentró en los errores comunicacionales. Además, afirmó “que hubo un error al pretender dejar con ese velo de opacidad todos los actos de indisciplina que ocurrieron en la escuela de policía ese día” y que es algo que no puede repetirse.
Profundización de la inseguridad y violencia
A las situaciones anteriores, se suman la profundización de la inseguridad y violencia que ha vivido el país, que ha sido calificada como la peor crisis de seguridad de su historia. Han ocurrido miles de muertes y siguen ocurriendo y según la Policía están relacionados con el crimen organizado y la guerra de las bandas narcodelictivas.
No obstante, el presidente Lasso se ha mantenido firme y ha reiterado su postura de apoyo a la institución e incluso su Gobierno tendrá una inversión récord en seguridad este año. Se destinarán más de $ 3.000 millones para las instituciones del sector de seguridad. Entre las acciones que se verán estarán cerrar la brecha de servidores policiales con el ingreso de 10.000 policías por año en el 2023 y 2024 y 7.000 en 2025.
En tanto, Camacho dice que las situaciones que han manchado el nombre la institución si bien sí son preocupantes, no son algo que no les tome por sorpresa ni los asuste ya que la institución lamentable es foco del golpe político.
“La institución es lamentablemente foco del golpe político o de interesados que quieren aprovecharse de ciertas fallas o de ciertas circunstancias o de personas”, dice.
Camacho considera que para esclarecer las polémicas que han afectado a la institución se debe actuar con mucha madurez y buscar la verdad también del lado de los involucrados.
“Deben llamar a los involucrados y preguntarles qué paso, saber si las grabaciones que tienen son completas o son sacadas de contexto”, dice.
Camacho cuenta que junto a otros directivos han mantenido conversaciones con generales que son parte de la asociación para buscar mecanismos de defensa para quienes se han visto afectados por las polémicas o escándalos recientes.
“Nosotros creemos ciegamente en nuestra gente, sabemos que están bien preparados y ahora tenemos oportunidades hasta de prepararnos de mejor forma para responder al pedido ciudadano”, dice. (I)