La sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, continuará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El trámite seguirá su curso luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó, con siete votos, el pedido para resolver sobre la suspensión de los términos y plazos.
La mesa legislativa extendió la consulta al CAL una vez que Goyes notificó que tiene permiso médico porque fue sometida a una cirugía el pasado 3 de julio.
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Este asunto fue tratado en la sesión del CAL la tarde del miércoles 9 de julio.
En la reunión, la asambleísta Mónica Salazar, quien presentó la moción, sostuvo que el máximo órgano de administración legislativa no tiene competencia sobre lo solicitado, pues el procedimiento de enjuiciamiento político ya fue calificado y admitido a trámite.
En este sentido, el proceso volverá a la Comisión de Fiscalización, presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez (ADN).
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El trámite de juicio político contra la vocal de la Judicatura se encuentra en la fase de práctica de prueba, para lo cual, se elaboró un cronograma. Sin embargo, Solanda Goyes presentó este pedido de diferimiento de los plazos.
La vocal puso en conocimiento su condición médica para que tomen las medidas respectivas y justificó que los médicos tratantes han determinado la realización de una intervención quirúrgica para el 3 de julio de 2025, razón por la cual, no podrá desarrollar actividades físicas durante 20 días, aproximadamente.
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Proceso de juicio
La vocal Solanda Goyes, el pasado 1 de julio, presentó por escrito sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y afirmó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
La funcionaria fue acusada por el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, de un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con un “boicot” en la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objeto de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tenía como objetivo viabilizar lo resuelto en consulta popular y designar a jueces constitucionales.
En un documento, Goyes, indicó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
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“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dice la contestación.
La vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento. Y Goyes refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”.
(I)
