Supuesta creación por albaneses de empresas traspasadas a políticos y funcionarios ecuatorianos se ocultó en informe de comisión ocasional, según Ricardo Vanegas, que responsabiliza a Viviana Veloz

El asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) denunció que la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, presidida por Viviana Veloz (UNES), no incluyó información relevante de un informe de la Superintendencia de Compañías que él presentó sobre la creación de 16 empresas de distinta índole en el país por una decena de ciudadanos albaneses, de las que al menos la mitad fueron traspasadas a políticos y funcionarios ecuatorianos.

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Según Vanegas, esta información —considerada relevante y que demuestra que, de los diez albaneses, solo tres fueron sentenciados— debió constar en el documento que se aprobó en la Asamblea Nacional con 104 votos el sábado 4 de marzo, y que recomienda llevar a juicio político por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública al presidente Guillermo Lasso.

Entre los albaneses que abrieron las compañías figura Dritan Gjika junto a Rubén Chérrez, cercano al cuñado del presidente, Danilo Carrera, mencionados también en la investigación León de Troya.

El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó también a Veloz por el informe León de Troya que le envió, y aseguró que en este constan como socios de la firma Cannmana S. A. S. —constituida en agosto de 2021 en Cotopaxi, con producción y comercialización de cannabis como actividad— Gjika y Fidel Alcívar, hermano de Pedro Alcívar, reelecto como concejal de Santo Domingo por la Revolución Ciudadana (lista 5).

Villavicencio, a través de su cuenta de Twitter, increpó a Veloz por haber participado en actividades proselitistas con Alcívar semanas atrás, durante la campaña para las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero.

La legisladora conversó con este Diario y rechazó todas las acusaciones que se han hecho en su contra. Sobre el presunto ocultamiento del nombre de Freddy Alcívar, lo desmintió y mencionó que se lo puede encontrar en el capítulo 14.3, denominado “De los papeles de Pandora a la mafia albanesa”.

Antes, Veloz rechazó también las acusaciones de Vanegas en redes sociales con la publicación de un video, por un supuesto apoyo de parte de los hermanos Alcívar para una precandidatura de Veloz a la Alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas que no se concretó.

“Entre amigos se protegen, por eso se ocultó la información reservada”, arremetió Vanegas en Twitter.

Veloz le respondió en Twitter al legislador y aseguró que este lunes lo denunciaría ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y también judicialmente, y pidió que estas acusaciones las demuestren con pruebas.

“MISERABLE Y COBARDE!! SICARIO DE LA VERDAD, te denunciaré mañana en el CAL y judicialmente, no se puede seguir permitiendo individuos disfrazados de honorables cuando tienen conciencia de alquiler. A mí me demuestran con pruebas. Todo por defender a @LassoGuillermo (sic)”, respondió la legisladora.

Veloz reiteró a este Diario que junto con su equipo están elaborando esta denuncia, que esperan presentarla cuanto antes, y comentó que su equipo, al igual que su familia, han sido víctimas de amenazas, por lo que rechaza la conducta misógina del legislador Vanegas.

Además, aclaró que el único vínculo con Pedro Alcívar es la militancia que ambos hacen en Revolución Ciudadana, y que las fotografías de recorridos en la última campaña son de eventos en los que apoyó a todos los candidatos de su provincia por igual.

“Cuando dicen que los hermanos Alcívar me querían financiar mi campaña a la Alcaldía: yo no he sido candidata nunca. ¿Cómo pueden hablar de eso si no he sido candidata? Sigo siendo asambleísta. Ellos tienen que mostrar pruebas de esas acusaciones. Muestran un video donde dice: ‘Viviana Veloz, asambleísta’. Sé que no tiene pruebas”, refiere.

En tanto, este lunes, Villavicencio cuestionó también que la comisión ocasional no solo desestimó el informe de la Superintendencia de Compañías, sino también la investigación hecha por el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), que sí constaba en el informe borrador pero que luego fue retirada, y pidió que sea la misma Asamblea la que “investigue a los legisladores que ocultaron información”.

“Con el paso de los días, este informe, aprobado por 104 votos, va convirtiéndose en harapos, porque de forma deliberada el presidente de la Asamblea impidió que el día del debate nosotros pudiéramos presentar en al menos diez minutos el contenido real de nuestra investigación”, apuntó.

Villavicencio indicó que en el informe del FPA, desde la página 46 hasta la 59, “hay un detalle ordenado y cronológico en el que revelan que todas las empresas constituidas por personas como Bryan Lalangui y Fidel Alcívar están vinculadas entre sí y también tienen como socios a Gjika y Chérrez.

“Escuchamos a la legisladora Mónica Palacios hablar de Cannmana, pero se les olvidó que el socio de Gjika y Chérrez es Fidel Alcívar”, apuntó.

Veloz reiteró que todas las acusaciones hechas por los legisladores no tienen sino la intención de proteger a Lasso, y aseguró que existe un pedido al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, para iniciar el procedimiento para que se levante la información de la Superintendencia de Compañías.

“Nosotros no hemos ocultado nada, y no tengo por qué proteger a nadie, a diferencia del presidente de la República, que ordenó el archivo de la investigación León de Troya, que nosotros pedimos que se reaperture. Y ahí está el nombre del señor Alcívar. Este informe que aprobamos se ha convertido en la pesadilla de Guillermo Lasso y de sus aliados, que no quieren perder las prebendas”, indicó.

Sobre la información desestimada por la comisión, Vanegas refiere, sin dar nombres, que un total de 106 funcionarios —9 asambleístas, 2 ministros, 8 alcaldes, 1 gobernador, 15 concejales, 9 miembros de juntas parroquiales, 28 servidores públicos, 3 policías, 2 militares, 19 jueces y fiscales, 2 consejeros de Participación Ciudadana, 3 miembros del Consejo de la Judicatura, 1 miembro de una superintendencia y 4 diplomáticos— tienen acciones en empresas políticamente expuestas, es decir, que son sospechosas de lavado de activos, en las provincias de Manabí, Imbabura y Esmeraldas.

Además, Vanegas sostiene que Manabí sería el epicentro de estas actividades ilegales, ya que 84 extranjeros son accionistas en 102 compañías y que solo en esa provincia hay 306 sociedades.

El legislador denuncia también que ni el Sistema de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) han rastreado ninguna de las transferencias hechas al exterior relacionadas con estas presuntas empresas.

Ante esta falta de acción, los legisladores del FPA entregaron este lunes en la UAFE, y estaba previsto también que en la Fiscalía General del Estado, toda la información a la que han hecho alusión y su informe “para demostrar la presencia de la familia Alcívar Barrionuevo” en la trama, y otra también que se ha buscado ocultar y que señala a María Fernanda Vargas, alcaldesa electa del cantón Simón Bolívar (Guayas), por su pareja sentimental, un hombre de apellido Solórzano, alias el Príncipe, que es uno de los principales vinculados a la estructura narcoalbanesa y al cártel de Sinaloa. (I)