En los próximos diez días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, deberá definir si el informe presentado sobre las amnistías solicitadas por líderes sociales y políticos pasa o no a conocimiento del pleno, tras la polémica de que el documento fue presentado sin las firmas de respaldo.
El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, el pasado 11 de febrero presentó el informe que recomendó otorgar 269 amnistías; pero, según el legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), ese informe no fue acompañado con las firmas de respaldo, lo cual podría anular su trámite en el pleno.
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La normativa que rige a la Función Legislativa determina que, desde el día de la presentación del informe, la presidenta de la Asamblea Nacional tiene 30 días de plazo para incluir en la agenda del pleno el documento. En este caso, ese plazo se vence el próximo 13 de marzo.
En tanto que los legisladores autodenominados “rebeldes” de Pachakutik, Mario Ruiz, Darwin Pereira, Peter Calo y Ángel Maita, advirtieron que existe “un plan orquestado para tumbar las amnistías a favor de los luchadores sociales”.
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Pereira comentó que, luego de llevarse adelante un trabajo técnico, en el que inclusive tuvieron que colaborar varios asambleístas para cumplir con el tiempo, y una vez que se entregó el informe firmado por el presidente y la secretaria relatora de la Comisión de Garantías Constitucionales, “hoy pretenden tumbar este informe para que las amnistías no se den, y desde la bancada y las bases de Pachakutik hemos advertido que esas amnistías no se pueden caer, porque están sustentadas legalmente”.
Dijo que exigen a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, poner en el orden del día el informe, porque no procede otra cosa que incluirlo a discusión en el pleno.
El legislador Mario Ruiz dijo que el país mira con preocupación lo que pasa en la Asamblea, e insistió en que se pretende tumbar el proceso de amnistías. Responsabilizó al legislador Fernando Villavicencio por priorizar una formalidad respecto de las firmas para que no pase el informe en el pleno.
El asambleísta Villavicencio elevó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, y solicitó aplicar una sanción por incumplir su tarea al no suscribir el informe de las amnistías. El CAL, reunido el 2 de marzo, resolvió devolver la solicitud de queja para que complete la denuncia, pues se olvidó de incluir su número telefónico.
Villavicencio reveló que el pasado 11 de febrero venció el plazo para presentar el informe sobre las solicitudes de amnistías, y se presentó un informe sin las firmas de respaldo. El documento con las firmas fue presentado tres días después de haber vencido el plazo, y afirmó que quienes ponen en riesgo las amnistías para los líderes sociales son aquellos que se olvidaron de firmar; los líderes del movimiento indígena deben pedir explicación a sus legisladores, que no saben leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acotó.
La única salida es volver a hacer el informe desde cero en la misma mesa legislativa, precisó Villavicencio, porque no impugna el documento, sino el procedimiento y la irresponsabilidad de los miembros de la Comisión de Garantías que procesaron el tema.
El presidente de la comisión, Fernando Cabascango, explicó que envió el informe a la presidenta de la Asamblea Nacional dentro del plazo establecido en la ley; y comentó que, frente a las acusaciones sobre la presentación tardía de las firmas de los integrantes de la comisión, en ningún momento se han incumplido los plazos ni los requisitos que determina el reglamento interno de la ley que rige al Parlamento.
Cabascango manifestó que esperan que la presidenta de la Asamblea convoque para debatir el informe en el pleno. (I)