Que al no ser aprobado el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2022 se hace imposible destinar los recursos de la entidad para realizar transacciones, en especial, el pago de la reparación integral de $ 6.991,32 dispuesta por la remoción del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) de Fausto Murillo.

Esa respuesta del CPCCS dando a conocer la situación “sui géneris” ocurrida en el interior del organismo fue recibida el viernes último por el tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo de Pichincha que decidió, en noviembre pasado, que los $ 6.991 eran la reparación económica que el Consejo de Participación debía cancelar al en funciones vocal del CJ, una vez que se definió que se vulneraron sus derechos.

Consejo de Participación Ciudadana deberá pagar una reparación por $ 6.900 al vocal Fausto Murillo por haberlo removido del cargo

Fausto Murillo fue removido del cargo por un informe del Ministerio del Trabajo, a cargo del entonces ministro Andrés Isch, que solicitaba al CPCCS “resolver sobre la cesación y remoción de las funciones” del vocal del CJ, por reportar un “impedimento legal” para ejercer el cargo público”, porque en el 2012 se desenroló de la Función Judicial y recibió una compensación de $ 30.000.

El 23 de abril de 2021, con cuatro votos afirmativos de los siete consejeros, se resolvió remover de la vocalía a Fausto Murillo. En la sesión virtual de ese entonces, fue la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, la que mocionó disponer la remoción de Murillo; moción que recibió los votos de apoyo de los consejeros Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.

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Los consejeros Hernán Ulloa y Francisco Bravo se opusieron a la moción y votaron en contra, mientras que David Rosero se abstuvo de votar.

En el documento enviado al Tribunal de lo Contencioso por parte del Consejo de Participación se resalta que una vez “superado este percance” se realizará el pago conforme fue ordenado. Cabe señalar que la sentencia claramente dispone que es la entidad, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien tiene que cancelar los rubros ordenados.

Un Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dio paso a la acción de protección con la que Murillo buscaba evitar que quedara en firme la remoción decidida en su contra por el CPCCS. De forma unánime se declaró que en ese caso se habían vulnerado sus derechos a la defensa, a ser juzgado por una autoridad competente, a obtener decisiones motivadas por parte de los poderes públicos y a contar con los tiempos y los medios necesarios para preparar su defensa técnica.

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Adicionalmente, la institución deberá cancelar los honorarios de un perito, que había actuado durante el proceso judicial.

Si el Consejo de Participación no realiza el pago dispuesto en un fallo en firme, las autoridades se exponen a ser sancionadas con base en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que determina que si los servidores incumplen una sentencia o acuerdo reparatorio, los jueces ordenarán el “inicio del procedimiento para su eventual destitución”. (I)