La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República (Segecom) rechazó la noticia sobre un posible vínculo entre una funcionaria de la Presidencia con la campaña en contra de la Corte Constitucional, en el marco de la pugna que tiene el Ejecutivo con el organismo.
En un post en la red social X, la Segcom “rechazó una investigación sin sustento, basada en conjeturas y en un supuesto usuario que cualquiera podría crear para desacreditar a una funcionaria”.
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Se refiere a una nota periodística publicada por Diario Expreso, este 14 de agosto de 2025, que sostiene que María Cristina Maggi Gordón, directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia, estaría detrás del mensaje que se expuso en vallas publicitarias en Quito y en otras ciudades, con un texto en contra de la CC y un contador de muertes violentas en agosto de este año en Ecuador.
“El boletín de prensa que circuló el 7 de agosto, atribuido al colectivo Ecuador Merece Paz fue elaborado en un archivo Word cuyos metadatos registran como autora a Cristina Maggi. El documento, titulado BOLETÍN 001 – Ecuador Merece Paz, contiene un manifiesto que respalda la política de seguridad del presidente Daniel Noboa y replica el mismo logotipo que se exhibió en la valla", dice la nota.
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Ante la publicación, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia considero que “este tipo de publicaciones vulneran derechos, fomentan el acoso y distorsionan la verdad”.
La institución, liderada por Irene Vélez Froment, advirtió que “nos reservamos el uso de todas las acciones legales que correspondan”.
Los mensajes en contra de la Corte Constitucional se volvieron a mostrar en la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa, el pasado 12 de agosto, en Quito.
En el trayecto hacia la Corte Constitucional, desde las avenidas 10 de agosto, Patria y 6 de diciembre, se evidenciaron gigantografías con las fotografías de los nueve jueces constitucionales, con el texto “estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Ese mismo día, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, desestimó que estos insumos, así como la misma marcha, hayan sido financiados con recursos públicos.
El Ejecutivo mantiene una pugna con la Corte Constitucional, luego de que el órgano suspendió temporalmente varios artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.
(I)