La Comisión de Fiscalización reactivará tres juicios políticos que se archivaron por falta de firmas en contra de ministros del gobierno de Guillermo Lasso, acatando la sentencia del juez de primer nivel Édgar Romero Salazar, quien acogió una acción de protección de la legisladora Inés Alarcón Bueno (ADN).
La mesa legislativa debe seguir con el trámite de estos procesos luego de que el pleno de la Asamblea Nacional archivara, la tarde del martes, dos solicitudes de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, porque según los legisladores, precluyeron los plazos para que la Comisión de Fiscalización conozca la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de la unificación de las solicitudes de interpelación.
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Ahora los exfuncionarios Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial; Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas y Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt enfrentarán los procesos en la mesa legislativa y deben alistar sus descargos y comparecencias cuando sean convocados para defenderse.
¿De qué se acusa a los tres exministros de Lasso?
Sebastián Corral
En el caso del exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral, fue acusado por la legisladora Patricia Núñez (RC) por un supuesto incumplimiento sistemático de funciones al ocupar el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso cuando ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.
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Esta solicitud contó con 41 firmas de apoyo y fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Según la acusación, Corral no podía ejercer el cargo por sus vínculos empresariales con compañías de comunicación, y además por poseer bienes en paraísos fiscales siendo funcionario público. Con ello, según la acusadora, cometió un desacato directo de su inhabilidad reconocida por la Contraloría General del Estado.
En el expediente de este juicio se señala que el exsecretario de la Administración Pública desde el primer momento cometió un deliberado, consciente y público incumplimiento de múltiples funciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de su cargo.
Pablo Arosemena
El juicio político al exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, fue solicitado por la legisladora Inés Alarcón (ADN) y se lo acusa de incumplir funciones por supuestas omisiones en el manejo de la caja fiscal y falta de transparencia en las cifras de las finanzas públicas, de realizar la transferencia de $ 75 millones del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Finanzas y por la falta de pago a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.
Andrea Montalvo
El juicio político en contra de la exsecretaria de la Senescyt, Andrea Montalvo, lo presentó la asambleísta María Fernanda Araujo por un supuesto incumplimiento de funciones en la gestión y ejecución del cronograma de admisión a institutos y a conservatorios públicos. También fue responsabilizada con la celebración de un convenio de pago derivado de sus omisiones, causando erogaciones económicas y contingentes legales a la institución. (I)