La semana pasada, Samantha Lozada denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ) la dejó desprotegida tras un intento de asesinato que sufrió a finales de 2025. La abogada, magíster y especialista en derecho procesal ocupaba el cargo de directora provincial de la Judicatura en Orellana y, tras su llegada a la institución, en 2024, fue víctima de amenazas en su contra y contra su familia por parte de un grupo de delincuencia organizada, lo cual la obligó a exiliarse.














