A la par que trabaja para cumplir con el “acuerdo de diálogo” para revisar la votación del binomio presidencial en 17 provincias y descartar las denuncias de fraude en los comicios del 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la organización de la segunda vuelta electoral, fijada para el 11 de abril.
El organismo está contra el tiempo. Hasta el 15 de marzo deberá proclamar los resultados de las votaciones de esta dignidad, para dar paso a la campaña electoral entre los candidatos finalistas.
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Y para ello deberá implementar la exigencia del candidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez, de que se revise el escrutinio voto a voto en 17 de las 24 provincias del país, sustentado en que habría un “fraude”, para evitar que pase al balotaje, que se disputa con Guillermo Lasso, de la coalición CREO-PSC.
Pero, respecto a la organización del proceso del 11 de abril, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que están “mejor preparados”, después de los tropiezos que enfrentaron hasta ejecutar la primera vuelta de una semana atrás.
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“Cada proceso es una lección aprendida. En este caso, esperamos que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), que muchos sí se capacitaron y no se presentaron, asuman su responsabilidad de ir a las mesas, pero ese también es un desafío del CNE, el que ellos estén mejor capacitados para que no haya inconsistencias en los escrutinios y no haya este ambiente de inconformidad”, expresó.
Para estos comicios, el CNE escogió de forma aleatoria a 271.638 ciudadanos que integran las mesas de votación, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Para el 7 de febrero, se capacitó a un 88,06% de ciudadanos sobre cómo debe realizarse el escrutinio.
Pese a ello, el Consejo estimó que muchos no acudieron por temor a contagiarse de COVID-19, aunque eso no había afectado la instalación de las juntas.
Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió realizar pruebas gratuitas de detección del virus a estos ciudadanos, pero hasta el momento se desconoce cuántas pruebas finalmente se aplicaron y cuántos de ellos dieron positivo.
Solo se conoció que ese día un 2,75% acudió a los recintos electorales con síntomas de tos, fiebre, dificultad respiratoria; y el 97,25% no los presentó.
Otra actividad que debe planificarse es la impresión de las papeletas electorales, que está atada a la proclamación de los resultados.
El Consejo debe contar con la certificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de que no hay recursos pendientes por resolver de los sujetos políticos para ordenar al Instituto Geográfico Militar (IGM) la impresión.
El contrato establece que deben imprimirse 13′120.000 papeletas de presidente y vicepresidente de la República por un monto de $ 590.400.
Desde lo organizacional, Pita se mostró “satisfecho” de cómo se desarrolló la jornada, pese a que enfrentaron limitaciones económicas incluso una semana antes de la elección, porque no se podían hacer contrataciones de vehículos para la movilización y de personal, por ejemplo.
Respecto del sistema informático para la proclamación de resultados, cree que “fluyó” y la opinión pública no ha hecho mayores reparos.
No obstante, la propuesta en la que trabajarán después de que concluya la votación del 11 de abril es abrir el sistema para que la ciudadanía pueda tener acceso a las actas de escrutinio.
Actualmente, esto está vigente solo para que las organizaciones políticas puedan acceder a través de una clave y contrastar las actas con los resultados que accedieron sus delegados en las JRV.
Por otro lado, el CNE debe alistar los controles sanitarios para la campaña electoral que inicia el 16 de marzo y se extiende hasta el 8 de abril.
También preparar el debate presidencial obligatorio, entre los candidatos finalistas, actividad que está prevista para el 21 de marzo.
El 1 de abril se realizará la prueba técnica de las elecciones.
El analista electoral Medardo Oleas consideró que el CNE debe reforzar la capacitación a los miembros de las JRV para evitar la presencia de inconsistencias en las actas de escrutinio.
No obstante, apuntó que la decisión de revisar la votación por el pedido de los candidatos presidenciales violentó el Código de la Democracia y eso influirá en la proclamación de resultados para encaminar el balotaje.
“Proceder a la revisión de la totalidad de Guayas es un error. Dicen que se va a revisar el 50%, quién resuelve de qué forma se abren las de la ciudad, de la zona rural. Se rompió el esquema legal, la ley da diez días para el escrutinio, pero todo se rompió por un reclamo político. La política no puede estar sobre la ley”, increpó.
Insistió en que para el 11 de abril el CNE debe cumplir con la ley, pues esta revisión del escrutinio “sienta un precedente por el que cualquiera podrá pedir un recuento”. (I)