Con las últimas reformas al Código de la Democracia aprobadas en la Asamblea Nacional el 20 de junio de 2025, los jueces y conjueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) seguirán prorrogados en sus funciones hasta que termine el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Así consta en la primera y segunda disposición general del proyecto de reformas a la Ley Electoral que se aprobó con 125 votos de las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC) y un sector de Pachakutik.
La primera establece:
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“Mientras no concluya el siguiente concurso público de méritos y oposición, para la renovación parcial de las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral, se prorrogará en funciones a los actuales conjueces y conjuezas”.
Y la segunda disposición indica:
“Una vez concluido el próximo concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral se darán por concluidas las funciones de las y los actuales conjueces del Tribunal Contencioso Electoral”.
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Los actuales jueces del Contencioso Electoral son:
- Ivonne Coloma (presidenta)
- Ángel Torres (vicepresidente)
- Guillermo Ortega
- Joaquín Viteri
- Patricio Maldonado
Los magistrados electorales ya están prorrogados en sus funciones, pues su designación se dio en 2019 y debían permanecer en sus cargos hasta el 20 de mayo de 2025.
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Con las reformas a la Ley Electoral o Código de la Democracia, que todavía no están vigentes pues fueron vetadas parcialmente por Noboa y volvieron a la Asamblea, se normaría el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la prórroga en funciones de los jueces del Contencioso Electoral.
El 25 de abril pasado, la institución respondió a la consulta de los jueces del TCE sobre la posibilidad de extenderse en sus cargos.
La Procuraduría dijo que para garantizar la no interrupción de las actividades institucionales, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral deberán mantenerse en sus cargos hasta que se perfeccionen sus reemplazos a través del respectivo concurso para la renovación parcial de jueces del organismo que lleva adelante y debe concluir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Sin embargo, el concurso está lejos de terminar. El proceso apenas ha avanzado en la elaboración del reglamento y la conformación de una veeduría ciudadanía; mientras que el resto de etapas, como la conformación de una comisión ciudadana de selección, revisión de requisitos, el concurso de méritos y oposición, entre otras, están pendientes.
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En ese marco, el 5 de junio pasado, el pleno del TCE ratificó a Ivonne Coloma como presidenta y a Ángel Torres como vicepresidente, hasta que se termine el concurso en el CPCCS.
Últimas decisiones del Contencioso Electoral
Entre las últimas resoluciones que han adoptado los jueces del TCE están la multa de $ 11.750, por una queja que presentó el presidente Daniel Noboa en contra del exjuez de este mismo organismo Fernando Muñoz.
La decisión se adoptó con cinto votos a favor en la sesión del 30 de junio de 2025.
El primer mandatario ingresó la queja por la actuación de Fernando Muñoz en el conocimiento de la denuncia que presentó el movimiento Unidad Popular en contra de Noboa, por presunta campaña anticipada.
También está la multa de $ 9.000 a la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Viviana Veloz, por incurrir en una infracción electoral al realizar campaña anticipada en las elecciones de agosto de 2023 derivadas de la muerte cruzada.
La decisión la adoptó el juez electoral Joaquín Viteri, el 2 de julio anterior.
Ese mismo día, la jueza Ivonne Coloma resolvió no acoger las denuncias interpuestas contra Yadira Bayas Uriarte, actual asambleísta de la bancada oficialista ADN, por el supuesto uso de recursos públicos durante la última campaña de las elecciones de 2025. La acusación la presentó la titular del CNE, Diana Atamaint. (I)
