Haber reconsiderado el número de semanas en que se podría permitir una interrupción del embarazo por violación para niñas, adolescentes y mujeres no garantiza, por el momento, que haya los 70 votos en el pleno de la Asamblea Nacional para aprobar el texto presentado por la Comisión de Justicia de la legislatura.

La Comisión inicialmente aprobó un texto que señalaba que la interrupción del embarazo por violación podía darse hasta las 28 semanas (siete meses de gestación). Esto despertó críticas desde las mismas bancadas legislativas y sectores involucrados en esta temática, lo cual obligó a la mesa legislativa a revisar el texto, reconsiderar y volver a votar una nueva propuesta.

Comisión de Justicia aprobó, con siete votos a favor, informe para segundo debate de ley que permite aborto en caso de violación

Todos los bloques legislativos se pronunciaron en contra de que una mujer embarazada por violación pueda optar por el aborto hasta los siete meses de gestación. Eso pondría en riesgo la aprobación del proyecto que nació tras el fallo de la Corte Constitucional de abril de 2021, que declaró inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto a la despenalización del aborto en caso de violación únicamente para las mujeres con discapacidad.

La legisladora Johanna Moreira (ID), en la sesión del 15 de enero, planteó la reconsideración del artículo 19 del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Y tuvo el respaldo de siete votos a favor, hubo además tres abstenciones.

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Moreira también fue la encargada de presentar el nuevo texto, y durante su fundamentación dijo que no se debe actuar por cálculos políticos y que “lamentablemente su moción responde a una situación de que este proyecto de ley pueda ser aprobado”.

El nuevo texto referente al plazo sobre la interrupción del embarazo por violación lo planteó la legisladora Johanna Moreira, que recibió el apoyo de siete votos y tres en contra.

Texto

El texto definitivo incorporado es el siguiente:

Artículo 19.- Plazo.- A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, considerando las características especiales de cada grupo etario y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, existirán los siguientes plazos:

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  1. Al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación.
  2. Al tratarse de mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 20 semanas de gestación.
  3. Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico”, expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación.

Votos y debate

En el debate los sectores políticos de Unión por la Esperanza (UNES), el movimiento Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) ya anticiparon lo que podría suceder cuando el proyecto pase al pleno, pues no existe consolidación de las bancadas alrededor del tema. A eso se suma el endurecimiento de la postura política del Partido Social Cristiano, que esta vez dice que no respaldará el informe.

El legislador Segundo Chimbo del bloque Pachakutik cuestionó que la mesa de Justicia no haya sido consecuente con el debate presentado durante la construcción del proyecto, y que se haya reducido de 28 a 20 semanas de embarazo para la interrupción en caso de violación, sin acoger la sugerencia realizada por expertos y médicos, en la que se propuso que la interrupción podría darse a partir de las doce semanas.

Sofía Espín (UNES) se sumó a la preocupación del legislador Chimbo, y dijo además que este cambio de posición, en menos de una semana de lo aprobado por una mayoría de la comisión, da cuenta de que la posición de los legisladores que votaron por las siete semanas de gestión respondía más a agendas particulares que a un verdadero análisis científico, técnico, jurídico, médico. “Cómo es posible que se hayan cambiado tan rápidamente las semanas en que se podría interrumpir el embarazado. El texto planteado no recoge lo que mandó a realizar la Corte Constitucional”, anotó.

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La bancada correísta de UNES mantendrá su decisión tomada semanas atrás de dejar en libertad ideológica a sus 47 asambleístas para que decidan sobre este proyecto en libertad de conciencia.

El presidente de la mesa de Justicia, Alejandro Jaramillo, aclaró que no han cambiado de opinión, lo que hicieron es debatir tras escuchar a la ciudadanía, médicos, especialistas y científicos, quienes indicaron que debía existir una temporalidad. Además, dijo que el informe no es vinculante, será el pleno el que tome la decisión.

Su coidearia Wilma Andrade (ID) insistió en que el proyecto de ley “está muy golpeado y prácticamente hoy no tiene apoyos por el mal manejo que ha tenido y haber puesto las 28 semanas como límite para la interrupción del embarazo ha botado al piso el proyecto”.

A nivel de los bloques, el PSC radicalizó su posición frente a este proyecto. El coordinador de bancada, Esteban Torres, advirtió que su grupo no entrará en el juego de las negociaciones sobre las semanas en que no será penado un embarazo por violación; bajar de 28 a 22 y a 20 semanas de gestación para permitir la interrupción del embarazo por violación es un juego más político.

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También el movimiento Pachakutik se mantiene en este tema. Este 17 de enero, el coordinador de bancada, Rafael Lucero, convocó a los legisladores a reunirse para debatir y definir una posición como bloque. La asambleísta Jessica Castillo reveló que hay una diversidad de criterios respecto a lo aprobado en la comisión.

El vocero del sector de CREO, Guido Chiriboga, anunció que habrá una reunión de la bancada para definir su posición, pues cada asambleísta tiene una postura distinta y que luego de conocer el texto final tomarán la decisión que debe ir acorde al planteamiento del primer mandatario. (I)