Las cinco impugnaciones ciudadanas planteadas en el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado fueron desechadas por una mayoría de la comisión ciudadana, con lo que los cuatro participantes objetados continuarán en el proceso.
En una sesión de este 1 de agosto de 2023, por decisión de la mayoría de los miembros de la comisión ciudadana se inadmitieron cinco objeciones propuestas por dos ciudadanos en contra de cuatro de los concursantes, que registrarían indicios de responsabilidad administrativa o penal emitidos por la Contraloría General del Estado.
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Esos indicios constaron en el informe de admisibilidad aprobado por la misma comisión ciudadana en diciembre del 2022 y fue la base de las impugnaciones presentadas. Los impugnados fueron:
- Franklin Zambrano Loor: indicios de responsabilidad administrativa.
- Fernando Polo Elmir: indicios de responsabilidad administrativa.
- Luis Arcentales Astudillo: indicios de responsabilidad penal.
- Juan Falconí Puig, contra quien se aprobaron dos impugnaciones, en las que se alegó que registraba indicios de responsabilidad penal.
Una vez que entre el viernes (28 de julio) y lunes (31 de julio) se realizaron las audiencias públicas para que los impugnantes e impugnados expongan sus pruebas de cargo y descargo, las cinco impugnaciones se analizaron de forma individual este martes y fueron “inadmitidas” por los comisionados.
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El argumento fue que estas responsabilidades se basaban en solo “indicios” emitidos por la Contraloría y que “no tenían una sentencia ejecutoriada”. En el caso de Falconí se mencionó que, durante la audiencia pública del viernes pasado, demostró que no tenía indicios de responsabilidad penal emitidos por el órgano de control.
De esta forma se “inadmitieron” las objeciones interpuestas por el ciudadano Holger Giler Macías en contra de Franklin Zambrano, Fernando Polo Elmir, Luis Arcentales Astudillo y Juan Falconí Puig.
Esto se aprobó con los votos de Marco Chalco (presidente), Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Nary Galarza (función Legislativa) y Eugenia García (función Judicial). Una comisionada, Janneth Ojeda, no asistió a la plenaria.
Se abstuvieron los comisionados Raúl Guaña (vicepresidente y delegado de la función de Transparencia), Maribel Baldeón (función Electoral) y Jhossueth Almeida (función Ejecutiva).
En el caso de Luis Arcentales, el comisionado Lenin Uquillas votó en contra, pues alegó que durante la audiencia pública el concursante había reconocido que su caso se encontraba en investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
Uquillas consideró que Arcentales debería ser descalificado del concurso, porque en el caso de que llegara a ser electo contralor, estaría enfrentando un proceso judicial.
Su propuesta no tuvo el apoyo de sus colegas con quienes hace mayoría.
La segunda impugnación propuesta por el ciudadano Edison Almeida Granda en contra de Falconí también fue inadmitida.
Los votos fueron de Marco Chalco, Carmen Atupaña, Melisa Cabrera, Nary Galarza, Eugenia García, Lenin Uquillas.
Se abstuvieron Raúl Guaña, Maribel Baldeón y Jhossueth Almeida, quienes coincidieron en que se habría evitado la participación de candidatos que podrían incurrir en inhabilidades de haberse cumplido el reglamento en la fase de admisibilidad.
O si se habría cumplido una acción de protección que retrotrajo el proceso a la etapa de revisión de requisitos (admisibilidad) y ordenó que se descalifique a aquellos que incumplían requisitos y la presentación de documentos establecidos en el reglamento, como la declaración juramentada.
En esa línea, Baldeón preguntó a los demás comisionados: qué pasaría en el caso de que se elija a un contralor que no presentó su declaración juramentada en la que acredite que no está incurso en inhabilidades y que ha ejercido con probidad e idoneidad su profesión.
En todo caso, el presidente Marco Chalco insistió varias veces en que se inadmitieron las impugnaciones, porque las certificaciones de responsabilidades emitidas por la Contraloría eran solo “indicios”.
Con esto, los cuatro participantes seguirán en el concurso, a menos que sus impugnantes resuelvan apelar la decisión de la comisión ciudadana.
El reglamento da la posibilidad de que se planteen recursos de apelación a lo actuado por ese cuerpo colegiado, pero sus pedidos serán resueltos por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Una vez que se cierre esta etapa, la comisión ciudadana dará paso a la fase de calificación de méritos de 103 concursantes que, por el momento, se encuentran habilitados. (I)