La participación del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones seccionales del 29 de noviembre próximo se definirá en medio de un escenario político marcado por limitaciones legales, decisiones estratégicas y un proceso interno de reorganización.
La agrupación política insiste en que estará en la papeleta electoral, aunque aún no define bajo qué estructura o alianza.
El principal obstáculo que enfrenta la RC es la imposibilidad de operar plenamente como organización política.
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Actualmente, el movimiento no cuenta con un casillero electoral habilitado para inscribir candidatos, debido a una suspensión temporal resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta medida se deriva de una investigación judicial por presunto lavado de activos, en el caso conocido como Caja chica, que indaga una supuesta red de financiamiento irregular vinculada a la campaña presidencial del correísmo en 2023.
La Fiscalía General del Estado indaga sobre el ingreso de recursos económicos, presuntamente provenientes del exterior, específicamente de Venezuela, para financiar actividades políticas. Entre los señalados hay varias figuras del movimiento, como la excandidata presidencial Luisa González, el dirigente Andrés Arauz, la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, y el expresidente Rafael Correa.
Esta situación ha condicionado las actividades política de la organización, obligándola a replantear su estrategia electoral.
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Frente a este panorama, la dirigencia de Revolución Ciudadana ha optado por una serie de medidas consideradas “preventivas”.
Entre ellas, destaca el llamado a sus militantes y potenciales candidatos a desafiliarse temporalmente del movimiento, con el fin de evitar impedimentos legales al momento de registrar candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Esta decisión, impulsada por el propio Rafael Correa, busca garantizar que sus cuadros puedan participar en los comicios, aunque sea bajo el respaldo de otras organizaciones políticas.
El desafío de la RC no es menor. A nivel nacional, se requieren al menos 11.000 candidatos para cubrir las distintas dignidades que estarán en disputa; prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales rurales. Y ellos insisten en que quieren tener presencia en todo el país.
Ante la imposibilidad de presentar listas propias, la RC se ve obligada a buscar “vehículos electorales” que le permitan canalizar su participación.
Varios voceros del correísmo dicen que no revelarán el nombre del casillero en el que participarán, porque temen una “arremetida” por parte del CNE, que anularía su participación en los comicios. Sin embargo, se conoce que los movimientos con los cuales hay conversaciones son Centro Democrático, lista 1, y el Movimiento Renovación Total (RETO), lista 33.
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El proceso de construcción de alianzas con otras fuerzas políticas, principalmente dentro del espectro progresista, se inició en enero pasado.
El legislador de Pichincha Luis Fernando Molina señala que el objetivo es conformar un frente amplio que permita presentar los mejores perfiles. Sin embargo, reconoce que aún no se han concretado acuerdos con ninguna organización, lo que mantiene abierto el abanico de posibilidades.
La complejidad radica en encontrar mecanismos que permitan a otras organizaciones acoger a los candidatos de la RC sin generar conflictos internos o inconsistencias programáticas. Este proceso de negociación se desarrolla provincia por provincia, tomando en cuenta las particularidades de cada circunscripción y la correlación de fuerzas locales.
A pesar de estas dificultades, Molina asegura que la organización no considera la falta de casillero como una limitante definitiva. Según explica, el movimiento ya cuenta con precandidatos en todo el país, cuyos nombres serán puestos sobre la mesa en las negociaciones con aliados.
La idea es construir acuerdos que permitan una participación coordinada dentro de un frente progresista, sin perder la identidad política de la RC.
En la misma línea, se ha definido que tendrán prioridad aquellos funcionarios que busquen la reelección y que hayan demostrado una gestión eficiente, alineada con los principios del movimiento. Entre los nombres que se mencionan están el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret.
Para otros cargos se realizarán procesos de democracia interna. Estos precandidatos serán posteriormente incluidos en las negociaciones de alianzas, donde se definirá su viabilidad dentro de las listas conjuntas.
El asambleísta Franklin Samaniego plantea tres escenarios posibles para la participación de la RC. El primero consiste en lograr el respaldo de un partido o movimiento nacional que permita inscribir candidaturas de manera directa. El segundo contempla la participación a través de listas provinciales. Y el tercero, considerado el más viable, combina una lista nacional con alianzas a nivel provincial, lo que permitiría construir un frente amplio con presencia territorial.
Samaniego enfatiza que no se descarta ninguna opción y que será la dirigencia nacional la que tome la decisión final. Lo único seguro, afirma, es que la Revolución Ciudadana estará presente en las elecciones.
En marcha las desafiliaciones
En paralelo, ya se evidencian los efectos de la estrategia de desafiliación. Algunos legisladores han hecho pública su salida temporal del movimiento, como es el caso de la asambleísta nacional Paola Cabezas, quien ha manifestado su intención de postularse a la Prefectura de Esmeraldas.
Según explica, su decisión responde más a un compromiso con el proyecto político que a un interés personal, y busca cumplir con los requisitos legales para participar sin objeciones.
Cabezas señala que la dirigencia ha solicitado la desafiliación de más de 11.000 personas, en línea con el número de candidaturas necesarias. Sin embargo, aclara que este proceso no garantiza automáticamente una postulación, ya que los aspirantes deberán pasar por filtros internos y contar con el respaldo de las alianzas políticas.
Otro de los nombres que suena es el de la asambleísta Viviana Veloz, quien aspira a la Alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La legisladora indica que actualmente se están evaluando todos los escenarios posibles, “porque no nos encontramos en condiciones democráticas normales, sino que hay condiciones antidemocráticas”.
En este marco, dice que se ha iniciado un proceso de renovación de las direcciones provinciales, con el objetivo de fortalecer la estructura organizativa del movimiento.
Veloz explica que en cada provincia se están realizando reuniones ampliadas con dirigentes y bases para definir liderazgos y estrategias. Este proceso incluye la designación de directores provinciales y la evaluación de la aceptación de posibles candidatos, tanto a nivel de militancia como de la ciudadanía.
Asimismo, señala que se están llevando a cabo encuestas en todo el país para medir el posicionamiento de los aspirantes.
Estos datos serán clave en la toma de decisiones, junto con los resultados de las primarias.
En cuanto al cronograma, los asambleístas de la RC coinciden en que el tiempo es limitado. Calculan que en el plazo de un mes deberán estar definidos tanto los mecanismos de participación como los nombres de los candidatos. Esto implica acelerar las negociaciones, consolidar alianzas y culminar los procesos de selección internos. (I)
